Washington – la Comisión Marítima Federal (FMC) de EE. UU. presentó una propuesta que impondría un gravamen de US$200,000 por cada travesía a los barcos que naveguen bajo pabellón español, y simultáneamente consideraría limitaciones a varias exportaciones de España, como respuesta a las decisiones de Madrid de restringir el comercio de armas con Israel en el contexto de la guerra en Gaza.
Esa iniciativa se originó tras una investigación iniciada cuando, en 2024, autoridades españolas impidieron el ingreso a sus puertos a tres embarcaciones adscritas al Programa de Seguridad Marítima de EE. UU., al constatar que transportaban mercancías con origen o destino en Israel.
La FMC argumenta que esas negativas afectan el tráfico marítimo internacional y las exportaciones estadounidenses; para formular su propuesta tomó en cuenta las posturas de las partes interesadas y más de 8,000 observaciones recibidas en la fase de consulta pública.
Además de los aranceles a los buques, la comisión contempla restricciones a la exportación española de productos como perfumería, cosméticos, aceites, grasas, cerámica, artículos de piedra, azúcar y confitería. No obstante, la medida no es definitiva, pues la FMC otorgó a España un plazo de 60 días, contados a partir de su publicación en el registro federal, para presentar sus alegaciones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España manifestó que defenderá los intereses comerciales del país, sus decisiones soberanas y el cumplimiento del derecho de la Unión Europea y del derecho internacional; funcionarios bajo la dirección de José Manuel Albares aseguraron que las decisiones españolas no discriminan a EE. UU. ni a ningún otro Estado y que las sanciones propuestas carecen de fundamento. El informe también señaló alteraciones en las rutas marítimas, indicando que los buques de Maersk dejaron de efectuar las siete escalas mensuales en territorio español antes de noviembre de 2024 y trasladaron sus operaciones del puerto de Algeciras a Tánger, Marruecos, así como cambios en embarcaciones vinculadas al programa marítimo estadounidense. La pesquisa se centró exclusivamente en los efectos comerciales y no abordó denuncias de violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.
