En la ciudad de Nueva York, Cilia Flores, la esposa del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, interpuso este miércoles una solicitud ante el tribunal para que su proceso y el del esposo se desarrollen fuera del penal, argumentando problemas cardiacos.
Según la petición judicial, su defensa solicita que sea trasladada a una vivienda particular en la misma ciudad y que se le imponga un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, monitorización mediante pulsera electrónica, visitas limitadas y telefonía vigilada.
Flores, quien tiene 69 años, alega requerir un tratamiento cardíaco complejo y sostiene que la prisión federal donde está recluida desde el 3 de enero, fecha en que fue capturada por militares estadounidenses, no cuenta con las condiciones adecuadas para su recuperación.
Los representantes legales de la primera dama indican que los gastos del traslado serán cubiertos por ella misma y proponen retener su pasaporte como garantía de que no intentará evadir la custodia.
En la documentación presentada ante el juzgado, los abogados describen síntomas como dolor torácico, arritmias, dificultad respiratoria y una pérdida de peso superior a once kilogramos desde su detención.
La solicitud menciona que el 29 de julio pasado la acusada experimentó un serio episodio de salud que, de acuerdo con sus defensores, podría haber sido un infarto leve, aunque aún no se ha confirmado médicamente.
Flores y Maduro fueron aprehendidos en enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y, posteriormente, trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico y terrorismo.
Ambos han ingresado una declaración de no culpabilidad, mientras la fiscalía argumenta que aprovecharon sus cargos en el Estado venezolano para facilitar el envío de cocaína a territorio estadounidense.
El proceso se halla en la etapa previa al juicio, en la cual las defensas han iniciado la presentación de recursos con el objetivo de lograr la desestimación de la acusación.
Entre los argumentos principales se destaca la pretensión de inmunidad soberana de Maduro como supuesto jefe de Estado, así como la impugnación de la legalidad de la operación que dio origen a su captura y traslado.
De igual forma, la defensa de Flores ha interpuesto una petición basada en la inmunidad que, según alegan, corresponde a su condición de primera dama.
El magistrado federal Alvin K. Hellerstein estableció en julio que el inicio del juicio está programado para el 1 de junio de 2027.
Previo a esa fecha, se ha fijado una audiencia para el 17 de noviembre, en la cual se escucharán los argumentos de la defensa respecto a las mociones de desestimación, incluida la solicitud de inmunidad soberana de Maduro.
