La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) sostiene que la nación ya dispone de un conjunto de normas jurídicas suficientes para combatir los delitos contra el medio ambiente.
Esta comisión manifestó su posición respecto al reciente Decreto 615‑26, el cual tiene como objetivo reforzar la persecución de los ilícitos ambientales y garantizar la protección de las áreas protegidas.
Si bien valoró positivamente cualquier iniciativa encaminada a detener, controlar y disminuir las actividades delictivas que afectan al entorno natural, advirtió que la constante pérdida de bosques, montañas, ríos, humedales, áreas protegidas y la biodiversidad no se debe a la carencia de instrumentos legales, sino al incumplimiento de las obligaciones institucionales establecidas en la normativa vigente.
De acuerdo con la entidad, la República Dominicana cuenta con un amplio marco legal encabezado por la Constitución y complementado, entre otras disposiciones, por la Ley 64‑00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 202‑04 de Áreas Protegidas y la Ley 333‑15 de Biodiversidad, sin olvidar los planes de manejo, reglamentos, normas y los acuerdos internacionales de carácter vinculante.
“Lo que se necesita es poner en práctica las herramientas jurídicas existentes”, enfatizó la Comisión.
La Academia señaló que, con voluntad política, una planificación adecuada y un compromiso institucional serio, sería factible robustecer la defensa de los recursos naturales y enfrentar de forma más eficaz las infracciones ambientales; asimismo, expresó su preocupación por la respuesta tardía ante problemas que requieren prevención, controles efectivos y una aplicación constante de la legislación, criticó la actuación del Ministerio de Medio Ambiente en casos de daño ambiental y cuestionó el desempeño de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
Finalmente, la Academia de Ciencias indicó que mantendrá una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de los compromisos anunciados y la ejecución efectiva de las medidas previstas en el decreto, reiterando su disposición a colaborar en la defensa y preservación del patrimonio natural dominicano.
