SANTO DOMINGO, República Dominicana – A través de un decreto, el presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del país la prevención, detección, investigación, persecución y combate de los actos catalogados como terrorismo medioambiental.
El texto normativo plantea una respuesta integral del Estado frente a actos dolosos, ya sean individuales, colectivos u organizados, perpetrados por ciudadanos dominicanos o extranjeros, cuyo objetivo sea infligir daños graves a los ecosistemas, los recursos naturales o a infraestructuras ecológicas estratégicas, siempre que provoquen temor colectivo, afecten masivamente a la población o ejerzan presión indebida sobre las autoridades.
Abinader subrayó que el Gobierno ha decidido actuar de forma drástica contra esas conductas y garantizó que el Estado pondrá a disposición todos los recursos necesarios para salvaguardar el patrimonio natural de la nación.
“Estamos preparados para hacer todo lo necesario para proteger nuestro patrimonio natural y aplicar con firmeza las leyes contra quienes lo destruyan”, manifestó el mandatario.
La medida sitúa la protección del patrimonio natural entre las prioridades estratégicas de seguridad nacional y ordena la coordinación de las instituciones encargadas de la defensa, la inteligencia, la justicia y la protección ambiental para prevenir y enfrentar estas amenazas.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, resaltó que la decisión implica un cambio estructural en la forma en que el Estado responde a quienes ocasionan daños graves y deliberados al entorno natural, reconociendo que ciertos atentados contra los ecosistemas trascienden el ámbito ambiental y comprometen la seguridad de la Nación.
“Durante demasiado tiempo hemos tratado los delitos contra el medio ambiente como si fueran menores. Pero cuando se destruye un bosque, se amenaza nuestra agua; cuando se destruye una cuenca, se amenaza nuestra producción agrícola y nuestra seguridad alimentaria”, afirmó Henríquez.
“El agua es seguridad nacional. Los bosques son seguridad nacional. Las áreas protegidas son seguridad nacional. Y quien atente deliberadamente contra ellos debe saber que tendrá al Estado dominicano de frente”, añadió.
Una respuesta firme frente al daño ambiental
El decreto instruye al Comité Nacional Antiterrorista (CAN) y a la Dirección Nacional Antiterrorista (DAN) a incorporar en sus planes operativos la identificación, prevención y neutralización de amenazas vinculadas al terrorismo medioambiental contra las infraestructuras ecológicas estratégicas del país.
Se consideran infraestructuras ecológicas estratégicas las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, cuencas hidrográficas, acuíferos y reservas de agua subterránea, manglares, humedales, arrecifes coralinos, sistemas de abastecimiento de agua potable, bosques de protección y producción, y cualquier ecosistema cuya degradación pueda comprometer la seguridad ambiental, alimentaria o hídrica.
Asimismo, el documento dispone que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) elaboren una Política Nacional para la Prevención y el Combate del Terrorismo Medioambiental.
Esa política buscará, entre otros objetivos, identificar organizaciones criminales ambientales, detectar el financiamiento ilícito de actividades depredadoras, proteger cuencas, bosques y áreas protegidas, prevenir incendios forestales provocados y salvaguardar infraestructuras de agua potable, saneamiento, energía y redes de distribución eléctrica.
El texto también señala que esta modalidad de criminalidad compleja puede estar vinculada a redes dedicadas al tráfico ilícito de recursos naturales, la agricultura ilegal en áreas protegidas, la minería clandestina, el comercio ilegal de especies protegidas, los incendios forestales intencionales y la ocupación ilícita de zonas protegidas.
Se cita, además, el artículo 265, numeral 5, de la Ley núm. 74‑25, que establece penas de 20 a 30 años de prisión y multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público para quien provoque intencionalmente un incendio en bosques, reservas, nacimientos de ríos, arroyos, cañadas, parques nacionales o cualquier otra categoría de área protegida.
La ciudadanía como aliada
Como parte de la política, las instituciones competentes habilitarán plataformas tecnológicas y mecanismos confidenciales de denuncia para reportar actividades que amenacen los recursos naturales estratégicos, garantizando la protección de los denunciantes y colaboradores de buena fe.
En cumplimiento de este mandato, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está desarrollando una nueva plataforma de fiscalización, actualmente en fase piloto, que permitirá registrar, georreferenciar y dar seguimiento a cada denuncia, acelerando la respuesta institucional y asegurando la trazabilidad de las actuaciones.
Henríquez subrayó que la participación ciudadana es esencial para detectar oportunamente las amenazas contra los recursos naturales y llamó a la población a utilizar los canales que se habilitarán para reportar acciones que puedan comprometer el patrimonio ambiental.
El ministro reiteró que la protección de los recursos naturales no se limita a sembrar árboles, recoger residuos o lanzar campañas educativas; también implica prevención, vigilancia, investigación y una actuación firme por parte de las instituciones responsables.
“Hay momentos en los que proteger la naturaleza significa ejercer la autoridad del Estado. Y este es uno de esos momentos”, afirmó.
Los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Defensa presentarán al presidente de la República informes periódicos sobre riesgos, amenazas, incidentes y resultados de las acciones implementadas bajo el decreto.
Henríquez aseguró que la institución trabajará de manera articulada con las demás entidades involucradas para garantizar la protección efectiva de los recursos naturales estratégicos y advirtió que el Estado actuará contra quienes conviertan la destrucción ambiental en una actividad lucrativa.
“La naturaleza dominicana no está en venta. No está abandonada. Y no está indefensa. Mientras tengamos la responsabilidad de protegerla, vamos a defenderla con la ley, con las instituciones, con determinación y con toda la autoridad del Estado dominicano”, concluyó Henríquez.
