La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, dio su visto bueno este martes en la votación inicial a una reforma constitucional que impide que partidos opositores participen en futuros comicios y prolonga la duración de los cargos electivos de seis a siete años, incluido el de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El proyecto, respaldado por la pareja en el poder, fue aceptado por unanimidad durante una sesión extraordinaria celebrada frente a la catedral de León, localidad situada a aproximadamente 90 kilómetros al noroeste de la capital, Managua.
“Aprobada por unanimidad”, señaló Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, al culminar la votación del artículo.
Conforme a la normativa nicaragüense, la reforma deberá volver a someterse a una segunda votación a partir del 18 de enero, puesto que cualquier cambio a la Carta Magna requiere aprobación en dos periodos legislativos distintos antes de su entrada en vigor.
Además de alargar el mandato presidencial a siete años, la medida contempla la extensión de los periodos de otros cargos electos, así como de los jefes del Ejército y de la Policía Nacional.
Este ajuste se produce en medio de una creciente concentración del poder político en manos de Ortega y Murillo, quienes llevan al mando el país casi veinte años.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, asumieron la copresidencia luego de la reforma constitucional aprobada en 2024, cuando también se pasó de cinco a seis años el término presidencial y se trasladaron las elecciones previstas para finales de 2026 a finales de 2027.
Los dirigentes opositores en el exilio manifestaron su inquietud, alegando que la exclusión de sus partidos de los procesos electorales persigue consolidar la permanencia del poder dentro de la familia Ortega‑Murillo.
La oposición nicaragüense quedó prácticamente desarticulada tras las protestas de 2018, cuya represión, según Naciones Unidas, dejó más de 300 muertos.
Tras esos hechos, miles de ciudadanos abandonaron el país, entre ellos líderes políticos, intelectuales y religiosos; algunos fueron despojados de la nacionalidad y acusados de “traición a la patria”.
El oficialismo sostiene que las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado impulsado por Estados Unidos, mientras Washington y otras capitales han calificado al gobierno de Ortega como autoritario.
El pasado 19 de julio, Ortega declaró públicamente que en Nicaragua no habrá elecciones, argumentando que así se evita que la oposición recupere el poder.
Sus palabras generaron críticas de varios países centroamericanos y de naciones como Bolivia, Brasil y Chile, que catalogaron la decisión como un nuevo retroceso democrático.
Estados Unidos, por su parte, ha instado a la comunidad internacional a intensificar el aislamiento del gobierno nicaragüense, y Panamá retiró a su embajador de Managua.
Los líderes opositores en el exilio también advirtieron que las modificaciones constitucionales podrían estar vinculadas a una eventual sucesión dentro de la familia Ortega‑Murillo, en un contexto donde la salud del presidente ha sido foco de atención pública.
La reforma aprobada este martes profundiza el proceso de transformación institucional impulsado por el oficialismo nicaragüense y deja pendiente una segunda votación legislativa que sellará su entrada definitiva en vigor.
