La situación tomó un nuevo giro cuando La campaña de ataques del Ejército de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico cumple un año con un balance de más de 220 muertos y sin perspectiva de que Washington ponga fin a este operativo en un contexto de cooperación regional cada vez más estrecha en materia de seguridad.
Al respecto, El 2 de septiembre de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, explicaba a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca que hacía apenas unos minutos el Pentágono había «neutralizado» una «embarcación que transportaba droga, una gran cantidad de droga» en el Caribe. Poco después Trump compartía en redes sociales imágenes de vídeo desclasificadas; 29 segundos en blanco y negro que mostraban una lancha convertirse en una bola de fuego tras un «ataque cinético». El mandatario sostuvo que se trataba de «narcoterroristas» de la banda criminal originaria de Venezuela Tren de Aragua y que la operación mató a 11 personas y concluía además con una advertencia para «cualquiera que medite siquiera introducir drogas en Estados Unidos». Más tarde se supo que en esa acción fueron atacadas dos lanchas y que se ordenó una segunda oleada sobre dos supervivientes que estaban en el agua y que acabaron falleciendo a consecuencia de esa nueva descarga. La Administración Trump defendió que el segundo ataque estuvo dentro de la legalidad y fue necesario para destruir por completo cargamento de droga, mientras que algunos expertos jurídicos y miembros del Congreso afirmaron que la acción pudo constituir un crimen de guerra. Eso no ha impedido que la campaña, más tarde bautizada como Lanza del Sur, haya seguido implementándose.
Las fuentes consultadas puntualizó que lanza del Sur se enmarcó a su vez en la estrategia de presión militar que Washington activó a finales del año pasado sobre el expresidente venezolano, Nicolás Maduro, al que finalmente el Pentágono capturaría el 3 de enero tras una espectacular infiltración en Fuerte Tiuna, en Caracas. No obstante, la Casa Blanca no ha dado indicación alguna de que vaya a finiquitar la operación. Si acaso, el establecimiento de La Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), conformada por Estados Unidos y otros 18 países de Latinoamérica y el Caribe, o la llegada al poder en Colombia del ultraderechista Abelardo de la Espriella anticipan campañas aún más agresivas.
De acuerdo con las fuentes, «Los estamos obligando a cambiar de ruta. Los estamos obligando a gastar más dinero. Los estamos obligando a asumir mayores riesgos», sentenció con respecto a la presión ejercida por la operación sobre los cárteles y bandas, de los cuales una veintena han sido declarados como organizaciones terroristas extranjeras por Washington desde el retorno de Trump al poder en enero de 2025.
Los próximos días definirán el alcance real de esta situación.
