La organización política Fuerza del Pueblo (FP) lanzó este martes una denuncia pública en la que señala un creciente número de reclamos de usuarios por facturas de energía eléctrica excesivamente altas y la persistencia de los cortes de suministro, al tiempo que advierte que el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) se habría casi triplicado en los últimos años, pasando de US$578 millones en 2020 a US$1,659 millones en 2025.
El ingeniero Juan Gómez, quien ocupa el cargo de secretario de Energía de la FP, utilizó una rueda de prensa para criticar los resultados de la política eléctrica del Gobierno y alertó sobre las repercusiones que las pérdidas de las distribuidoras pueden generar en las finanzas públicas del país.
Gómez sostuvo que las quejas de la ciudadanía respecto a incrementos que perciben como injustificados en sus facturas deben ser objeto de una investigación objetiva y transparente. Aclaró que la FP no asume que cada denuncia sea, por sí sola, prueba de irregularidad, pero considera indispensable revisar la respuesta que reciben los consumidores al presentar sus casos.
En la misma línea, la Fuerza del Pueblo cuestionó el funcionamiento de los mecanismos de reclamo dirigidos a las propias distribuidoras y, posteriormente, a la entidad reguladora PROTECOM, insistiendo en que el Estado garantice una defensa eficaz de los usuarios y evite que estos abandonen sus denuncias al percibir que el proceso no arroja resultados.
Respecto a los recursos destinados a cubrir el déficit de las EDE, el documento presentado por Gómez indica que, entre 2020 y mayo de 2026, el Estado transfirió al sector aproximadamente “medio billón de pesos”, cifra que la organización recalca como un importante costo de oportunidad para la nación.
La FP argumenta que esas transferencias representan un gasto que podría haberse destinado a otras prioridades nacionales, como educación, salud, infraestructura vial o suministro de agua, y subraya que el objetivo no es afirmar que la totalidad de esos fondos podría haber sido invertida directamente en esos sectores, sino evidenciar el peso financiero que supone mantener un sistema eléctrico con elevados niveles de pérdidas.
Otro punto central del informe es el nivel de pérdidas que registran las distribuidoras. Según los datos citados, a mayo de 2026 las EDE perdían alrededor del 40 % de la energía adquirida, lo que implica que por cada RD$100 de energía comprada solo se recuperaban aproximadamente RD$60.
El documento también señala que el caso más crítico corresponde a la empresa EDEESTE, cuyas pérdidas superarían el promedio del sector, alcanzando un porcentaje que supera el 40 % y que se sitúa como la cifra más alta entre las distribuidoras.
Para la organización oposicionista, esos niveles de pérdida dificultan cualquier intento de lograr un sistema eléctrico financieramente sostenible y ponen en tela de juicio la efectividad de las inversiones realizadas. Como expresó la Secretaría de Energía de la FP, “el gasto mantiene el sistema; la inversión lo transforma”, y reclama mayores recursos orientados a reducir las pérdidas estructurales.
Gómez también hizo referencia al Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025‑2028, el cual reconoce problemas vinculados a la expansión de la transmisión, insuficiencias de infraestructura, escasa inversión, falta de coordinación entre generación y transmisión, y procesos burocráticos que retrasan la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Partiendo de ese diagnóstico, la FP puso en tela de juicio la ejecución de las soluciones anunciadas por el Gobierno. Como ejemplo, citó a EDEESTE, empresa que, según la organización, ha contado con seis gerentes generales en seis años, a la par de mantener uno de los índices de pérdida más elevados del sistema.
Gómez consideró que la situación obliga a revisar no solo la rotación de funcionarios, sino también la existencia de una política de gestión que cuente con metas claras, continuidad y resultados verificables.
Finalmente, la Fuerza del Pueblo planteó la necesidad de reorientar el sector eléctrico mediante mayores inversiones, una reducción eficaz de las pérdidas, una planificación más rigurosa, la protección del consumidor y la evaluación de los responsables de las distribuidoras en función de sus resultados.
Concluyó que, tras seis años de gestión, los usuarios esperan soluciones concretas a los apagones, a las pérdidas y al alto costo de la electricidad, más allá de las explicaciones oficiales sobre la situación del sistema.
