SANTO DOMINGO – La Fuerza del Pueblo (FP), mediante su Secretaría de Seguridad y Defensa, manifestó que el desvío de municiones pertenecientes a los inventarios militares y policiales de la República Dominicana hacia grupos armados haitianos representa una amenaza directa a la seguridad nacional y señaló la posible existencia de nexos o complicidades entre esas organizaciones criminales y ciertos sectores del Estado dominicano, lo que, según sus palabras, «vulnera los cimientos mismos del Estado».
El mensaje fue entregado por el mayor general retirado Napoleón Terrero Figueroa, vicesecretario de Seguridad y Defensa de la FP, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.
Terrero, en representación de la organización, expresó su profunda preocupación tras la publicación del informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, identificado como S/2026/714 y fechado el 8 de septiembre de 2026, el cual indica que municiones dominicanas han sido desviadas hacia grupos criminales haitianos, destacando a la banda 400 Mawozo como principal receptora.
Detalló que el informe, de 95 páginas y con 22 anexos, menciona en su anexo 18 dos contratos firmados en 2022 entre la empresa colombiana Industria Militar (Indumil) y el Ejército de la República Dominicana para la adquisición de municiones, y señala que cartuchos con la marca ERD fueron hallados en territorio haitiano.
«Este gravísimo hecho no es un simple error administrativo; constituye una amenaza directa y flagrante a la seguridad nacional», afirmó la FP, advirtiendo que la situación pone en riesgo la soberanía, la paz y la integridad territorial del país.
Frente a estas acusaciones, la Fuerza del Pueblo exigió una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita rastrear la cadena completa de custodia de las municiones, desde su origen hasta su destino final, identificar a todos los responsables y aplicar las sanciones legales correspondientes.
Asimismo, reclamó una «reestructuración absoluta» y el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad, almacenamiento y control interno de los pertrechos y municiones, con el objetivo de eliminar cualquier espacio para la corrupción.
En nombre de la entidad también solicitó una pesquisa de contrainteligencia para detectar y neutralizar posibles redes de infiltración o vínculos ilícitos entre efectivos militares o policiales y bandas criminales extranjeras.
Como parte de sus demandas, propuso una cooperación plena y proactiva con organismos internacionales, así como con las autoridades haitianas y estadounidenses, para interrumpir y desmantelar las redes transnacionales de tráfico.
Terrero contó con la presencia de varios vicesecretarios de Seguridad y Defensa y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre ellos oficiales retirados que ocuparon altos cargos de mando en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Durante su trayectoria militar, el mayor general retirado desempeñó cargos como director de Inteligencia del Ejército (G2), jefe del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas, director de la Policía Nacional Electoral y comandante de cinco brigadas del Ejército de la República Dominicana.
Concluyendo, Terrero, en nombre de la Fuerza del Pueblo, reafirmó el compromiso de la organización con la seguridad nacional, la integridad de las instituciones militares y la defensa de los intereses del pueblo dominicano, e instó al Gobierno a ofrecer una «respuesta contundente y verdadera» sobre el desvío de municiones hacia las bandas haitianas.
