Expertos coinciden en que el respaldo financiero del Fondo Monetario Internacional resulta indispensable para que Colombia supere su crisis fiscal, aunque difieren en cuanto a las implicaciones de esa asistencia y los fines que persigue el gobierno al acudir al organismo.
Las autoridades del nuevo gobierno colombiano y representantes del FMI tienen programada una nueva reunión en los próximos días para definir el tipo de apoyo que podría recibir el país sudamericano, cuya situación fiscal, según el presidente Abelardo de la Espriella, es la «más crítica» a causa de la mala gestión, el despilfarro y la corrupción de administraciones anteriores.
El Banco de la República advierte que, si no se corrige el rumbo, el déficit público alcanzará este año el 7,2 % del PIB y llegará al 9,4 % en 2027, con los pagos de la deuda interna y externa limitando la inversión y el crecimiento económico.
Jaime Rafael Ahcar, director del Programa de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, asegura que la situación de las cuentas públicas «no es desesperada o terminal, (pero) sí es critica». Advierte que, de no equilibrarse ingresos y gastos, los avances recientes en pobreza y empleo podrían revertirse, y que los intereses de la deuda acabarían consumiendo el presupuesto para inversión y funcionamiento del Estado, provocando recortes bruscos y una desaceleración de la economía.
Leonardo Pazos, viceministro técnico de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro (2022‑2026), comparte la calificación de «crisis» y explica que el desbalance estructural entre ingresos y gastos sigue en aumento, causado por un gasto social inflexible en pensiones y salud, distorsiones salariales en el sector público, ineficiencias en la asignación de subsidios y el bloqueo legislativo y judicial a las reformas propuestas.
Ahcar valora el respaldo del FMI porque actuaría en dos frentes: por un lado, facilitaría líneas de crédito a tasas por debajo del mercado; por otro, ofrecería una credibilidad que funciona como «escudo» y envía al mercado la señal de que Colombia está comprometida con un ajuste fiscal serio, evitando tasas excesivas. Señala que el país podría acceder a la Línea de Precaución y Liquidez del FMI, con un potencial de hasta 8.300 millones de dólares en el primer año a una tasa del 3,7 % y la misma cantidad en el segundo año a 4,6 %, cifras notablemente inferiores a las del mercado.
Respecto a los dos reprofileamientos de deuda anunciados en octubre, Ahcar considera que renegociar plazos y tasas reduce las necesidades de liquidez a corto plazo, aunque reconoce que no solucionan los problemas estructurales, describiéndolos como «pañitos de agua tibia» que, poco a poco, sirven.
Pazos sostiene que el gobierno buscó al FMI desde el inicio para trasladar lo más impopular de sus reformas, buscando un cambio de enfoque económico.
En su visión, el objetivo no es tanto reactivar la economía y el empleo, sino orientar la actividad hacia el extractivismo, beneficiando a una minoría empresarial con socios estadounidenses en la exportación de petróleo, carbón y minerales raros.
El exviceministro advierte que la ayuda del FMI podría venir con contrapartidas como la reducción del empleo público sin sustitución privada, lo que podría frenar una economía ya afectada por tipos de interés del 12,25 %.
Pazos duda que el gobierno alcance la promesa de un crecimiento del 6 % para la economía colombiana, pues considera que el compromiso real es otro y que se está trabajando en paralelo.
