El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó una acción militar en Haití tras la desaparición de cuatro de sus soldados, secuestrados el 18 de octubre cuando fueron emboscados por grupos armados en la zona de Puerto Príncipe. El jurista Barnabas Dieudonné, doctorado en Derecho por la Universidad de Montreal y defensor de derechos humanos, aseguró en una entrevista con fuentes periodísticas que dicha intervención no asegura la paz en la isla caribeña.
Los cuatro militares forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Tras su desaparición en el sector de Santo, dentro de Croix‑des‑Bouquets, Bukele movilizó más de 1.300 tropas hacia la capital haitiana, cifra que, según reportes locales, sigue aumentando día a día.
Dieudonné explicó que el despliegue está pensado como una operación puntual, enfocada únicamente en la recuperación de los soldados secuestrados, y no como una campaña integral para desarmar a las bandas que dominan gran parte de Puerto Príncipe. “Para lograr una paz duradera sería necesario desmovilizar a todos los grupos armados. Esta intervención no persigue ese objetivo”, puntualizó.
El académico considera que una ofensiva de mayor escala en la llanura de Cul‑de‑Sac, donde se ubica Croix‑des‑Bouquets, podría debilitar o desplazar a los grupos armados locales, pero advierte que eso no resolvería la profunda crisis de violencia que lleva años asolando a Haití.
En cuanto a la población civil, Dieudonné alerta que una misión centrada en el rescate de los soldados salvadoreños podría relegar los intereses de los haitianos. Señala riesgos de víctimas mortales, heridos, destrucción de viviendas, vehículos y otros bienes, así como la posibilidad de nuevos desplazamientos internos si los combates obligan a los residentes a abandonar sus hogares.
La organización Médicos Sin Fronteras emitió un comunicado el miércoles describiendo una “explosión de violencia” en Puerto Príncipe a raíz de los enfrentamientos derivados del ataque a los militares de la GSF.
El jurista también menciona que una acción limitada contra ciertos grupos armados tendría un impacto reducido y no constituiría una verdadera contribución a la pacificación del país, la cual ha obligado a posponer procesos electorales por la ausencia de condiciones de seguridad mínimas.
No obstante, reconoce que expulsar a las pandillas de la zona de Cul‑de‑Sac representaría un alivio significativo tanto para el Estado haitiano como para las comunidades que sufren la violencia cotidiana.
Finalmente, Dieudonné subrayó que cualquier operación militar en territorio haitiano debe respetar la soberanía nacional y basarse en un marco jurídico sólido, incluido el consentimiento de las autoridades haitianas. Señala que Haití podría colaborar proporcionando información, apoyo logístico y, cuando corresponda, la participación de sus propias fuerzas de seguridad. Asimismo, insta a que la intervención se amplíe más allá del rescate de los cuatro soldados, incorporando metas de protección civil y restauración de la seguridad, en línea con los esfuerzos de la GSF, para garantizar derechos humanos y crear condiciones de paz duradera.
