La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) manifestó su inquietud por el constante aumento de la prisión preventiva, una circunstancia que sigue minando la capacidad del sistema carcelario para ofrecer condiciones dignas a los internos.
En el marco del informe «Condiciones de Detención y Prisión 2025», el funcionario Rodolfo Valentín Santos señaló que al término del año pasado la población carcelaria del país alcanzó los 23,270 reclusos, de los cuales 15,025 estaban bajo prisión preventiva, lo que equivale al 64.57 %, mientras que 8,156 cumplían condenas definitivas, representando el 35.43 %.
«La prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla», declaró Santos.
El documento también indica que la mayor parte de los privados de libertad son hombres, con 22,563 internos (96.96 %) y 707 mujeres (3.04 %).
Con una capacidad instalada de 16,357 plazas, el sistema penitenciario alberga actualmente a 23,270 personas, lo que supone una ocupación del 142.26 % y un exceso de 6,913 internos respecto al número de camas disponibles.
«En otras palabras, las cárceles del país albergan un 42.26 % más de personas de las que están diseñadas para recibir, una situación que agrava las condiciones de vida de los internos y dificulta la gestión penitenciaria», advirtió la Oficina.
Elizabeth Rodríguez, quien coordina la Comisión de Cárceles, explicó que, como consecuencia de este desbordamiento, muchos internos duermen en el suelo, en pasillos, bajo los literas o en estructuras improvisadas conocidas como “goletas”.
El informe también pone de manifiesto importantes falencias en los servicios de salud, escasez de medicamentos y equipos médicos, limitaciones en la atención psicológica, insuficiencia alimentaria y falta de vehículos para traslados judiciales y hospitalarios.
Asimismo, se señaló como alarmante la situación de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde se detectaron problemas de insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas.
A pesar del panorama crítico, la Defensa Pública reconoció avances relevantes en el sector penitenciario.
Entre los logros destacados se encuentran el cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado paulatino de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación dirigidos a la población reclusa.
También se resaltó la gestión encaminada a la edificación de un nuevo centro para adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y una protección integral.
