Santiago de los Caballeros – En los últimos días, las operaciones realizadas por la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional (Dicrim) han generado una serie de fallecimientos que obligan a mirar más allá de los números y los reportes oficiales; cada víctima deja tras de sí a una familia que recibe una llamada devastadora, una madre que pierde a su hijo, niños que quedan sin padre y también agentes que vuelven a sus hogares tras enfrentar peligros extremos.
Al referirnos a un supuesto tiroteo, con frecuencia el debate se reduce a determinar si la persona abatida estaba buscada por la justicia o si la actuación policial fue adecuada, pero rara vez se reflexiona sobre el sufrimiento humano que persiste después de cada operativo, el dolor de los seres queridos y el impacto en comunidades que siguen viendo cómo la violencia arrebata más vidas.
En la capital norteña, el caso de Cristofer Almonte Díaz, conocido como “Niño”, de apenas 19 años, ha conmocionado por su juventud. Según la versión de la policía, el joven estaba siendo buscado por su presunta participación en un homicidio y perdió la vida durante una intervención del Dicrim. Más allá del expediente y de los detalles que deberán aclararse, su familia ahora afronta una pérdida irreversible.
Este hecho ilustra por qué la lucha contra la delincuencia no puede cesar: basta recordar el reciente suceso que estremeció al país, cuando la esposa del merenguero y compositor Julián Oro Duro fue asesinada en su domicilio tras la irrupción de varios delincuentes que pretendían robar. Una tragedia que muestra que la criminalidad no distingue hogares, profesiones ni lazo familiar, y que cualquier ciudadano puede convertirse en víctima cuando los asaltantes actúan con violencia.
Situaciones similares se han registrado en otras provincias, como los casos de Jorge Luis Tissol Báez, Jhoan Omar Leonardo Rodríguez y Rolando Torres Vásquez, individuos señalados por autoridades en investigaciones o hechos delictivos y que perdieron la vida durante operativos policiales. Cada uno de esos nombres representa una historia familiar, personas que los conocían y hogares que ahora deben sobrellevar las secuelas de una violencia que parece no tener fronteras.
Es igualmente necesario observar el otro lado de la balanza: detrás del uniforme de los agentes del Dicrim también existen familias que esperan el regreso seguro de sus seres queridos. Son policías que salen a investigar, perseguir y detener a individuos considerados peligrosos y, en determinadas circunstancias, se enfrentan a sujetos armados dispuestos a abrir fuego. No se debe pasar por alto el riesgo que asume quien tiene la responsabilidad de combatir el crimen.
La ciudadanía demanda seguridad, pero también justicia y humanidad; no podemos normalizar que la muerte sea la única respuesta frente a la delincuencia. Cada accionar policial debe estar fundado en la ley y cada fallecimiento debe ser investigado con rigor para esclarecer los hechos, pues defender a la población también implica garantizar procesos transparentes y que cualquier exceso tenga consecuencias.
El verdadero reto radica en que el Dicrim y la Policía Nacional en su conjunto logren desempeñar sus funciones con mayor inteligencia, capacitación, tecnología y respeto a los derechos fundamentales. Mientras familias inocentes sigan siendo víctimas, la lucha contra la delincuencia debe mantenerse activa, requiriendo una fuerza policial fortalecida, una justicia eficiente y una sociedad que no permanezca indiferente, pues al final no se trata solo de contabilizar muertos, sino de impedir que más madres, esposas, hijos y hogares tengan que llorar a sus seres queridos arrebatados por la violencia.
