Los ministerios de Justicia y de Agricultura encabezarán un nuevo protocolo de acción, trabajando de la mano del Instituto Agrario Dominicano y de las organizaciones campesinas, con la finalidad de proteger los proyectos parcelarios y garantizar la seguridad jurídica de los productores.
El Ejecutivo implementará disposiciones destinadas a detener las ocupaciones y usurpaciones ilegales de los predios incluidos en los programas de la Reforma Agraria, a través de un plan de intervención que cubra las áreas afectadas y refuerce la certeza legal de miles de agricultores en todo el territorio nacional.
La coordinación del plan quedará a cargo del ministro de Justicia, doctor Antoliano Peralta, y del ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, junto al director general del Instituto Agrario Dominicano, Darío Castillo Lugo, y a los portavoces de las principales organizaciones campesinas, tras una reunión de trabajo celebrada en el Ministerio de Agricultura donde se revisaron los problemas que aquejan a varios asentamientos.
Durante el encuentro, los funcionarios acordaron poner en marcha un relevamiento que trace una ruta crítica de acción legal, técnica y operativa en los distintos puntos del país donde los parceleros se han visto perjudicados, entre ellos Mogollón, en San Juan de la Maguana; Villa Riva; Montecristi; Monte Plata y Villa Altagracia, entre otros proyectos afectados.
Casos serán evaluados individualmente.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, señaló que, respetando el debido proceso, se articularán los mecanismos judiciales necesarios para enfrentar estas situaciones, defender los derechos de los productores y resguardar los terrenos que el Estado ha destinado al desarrollo agrícola. Subrayó que, para que la depuración sea más eficaz, cada caso será analizado de forma particular, pues aunque compartan la misma naturaleza, representan realidades diferentes.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, sostuvo que la garantía de seguridad sobre la tierra también constituye una defensa de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional. «Estamos siempre abiertos al diálogo para buscar soluciones a los problemas de los productores del país y los parceleros juegan un rol de mucha importancia en la cadena productiva», afirmó. «Impulsaremos las acciones necesarias para que esos predios cumplan con el propósito para el cual fueron destinados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano», añadió.
Crearán comisión técnica interinstitucional.
Como parte de los acuerdos, se conformará una comisión técnica interinstitucional encargada de registrar los casos, evaluar su situación jurídica y territorial, y recomendar las actuaciones correspondientes, incluyendo mecanismos que faciliten la regularización y titulación definitiva de los terrenos.
En la sesión también participaron los asesores legales de las instituciones oficiales involucradas, quienes tendrán un papel esencial en la valoración de los expedientes, la definición de los procedimientos y la coordinación de las acciones dentro del marco normativo vigente.
Representantes de las organizaciones campesinas, como Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, y Martín Roberto Familia, de la Federación Gregorio Luperón, junto a otros dirigentes del movimiento, denunciaron que intereses inescrupulosos buscan apropiarse de los predios mediante artimañas, apoyándose en supuestos abogados y supuestos padrinazgos de civiles, policías y militares para montar entramados que desplazan a los legítimos productores.
Advirtieron que esas prácticas no solo ponen en riesgo la estabilidad productiva y el patrimonio de hombres y mujeres que han trabajado la tierra durante años, sino que también generan conflictos que pueden amenazar su integridad física e incluso sus vidas.
El protocolo prevé mecanismos de seguimiento entre Justicia, Agricultura y el IAD, con la participación de las organizaciones campesinas y un estricto apego al debido proceso y al marco legal vigente, para responder a los casos identificados y prevenir nuevas afectaciones.
