La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó, de manera inmediata y bajo carácter cautelar, la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro compañías, tras detectar posibles relaciones societarias, comerciales y familiares con personas y entidades que están siendo investigadas por el Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública.
Las entidades afectadas por esta medida preventiva, según consta en el acto administrativo núm. DGCP44-2026-003760, son: Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL; y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
Una nota de prensa emitida por la DGCP señaló que los continuos procesos de verificación, de interoperabilidad y de cruce de datos permitieron identificar coincidencias y nexos entre estas sociedades y proveedores cuyo registro ya había sido suspendido en el marco de investigaciones por delitos contra la administración en procedimientos de contratación pública.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, indicó que la resolución se sustenta en las facultades conferidas por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación núm. 52-26, con la finalidad prioritaria de proteger el patrimonio del Estado y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).
La entidad explicó que la medida se basa en el riesgo razonable de que las sociedades señaladas puedan servir como vehículos indirectos para que personas o estructuras societarias previamente inhabilitadas continúen participando económicamente en las contrataciones públicas.
«La medida supera un examen de razonabilidad y proporcionalidad y persigue el fin legítimo de preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público ante la necesidad de evitar la elusión de las medidas cautelares previas», destacó el documento administrativo fechado el 14 de septiembre.
La DGCP subrayó que la decisión tiene carácter preventivo, provisional y no sancionador, por lo que no constituye un prejuzgamiento de la responsabilidad penal o administrativa de las empresas involucradas ni de sus directivos, competencia que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los tribunales competentes.
Se puntualizó que la suspensión permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales que dieron origen a la medida o bien se demuestre la desvinculación o cese de las circunstancias que la motivaron.
Para efectos de seguimiento, el acto administrativo se ha remitido a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y ha sido publicada en la sección Marco Legal del portal institucional.
