Eddy Alcántara exhortó a los integrantes del sector a actuar con prudencia y a dejar que las autoridades sigan trabajando para no perjudicar a los usuarios.
El martes, el ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddy Alcántara, anunció que diversas dependencias estatales están intentando resolver la disputa entre la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas y los suministradores de los terminales de pago electrónico llamados verifones.
Según explicó Alcántra, la iniciativa está encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, con la colaboración de Pro Consumidor y otras instituciones públicas interesadas en alcanzar un consenso entre las partes.
El dirigente instó a Anadegas, la agrupación que representa a la mayoría de los distribuidores de combustible del país, a adoptar una postura sensata y permitir que los organismos continúen abordando la cuestión.
Aseguró que el objetivo es superar los desacuerdos sin perjudicar a los conductores que acuden a las estaciones de servicio y utilizan sus tarjetas como método de pago.
«Es indispensable que ambas partes lleguen a un acuerdo, pues el consumidor no debe salir perjudicado», enfatizó Alcántara.
Añadió que Pro Consumidor mantiene una vigilancia constante del proceso, dialoga de forma permanente con los dirigentes de Anadegas y sigue de cerca las gestiones que realizan las entidades públicas involucradas.
Indicó que la intervención de las autoridades busca impedir que los roces entre los minoristas de combustible y las instituciones financieras repercutan en los usuarios, sobre todo mediante la disminución de las opciones de pago disponibles.
Anadegas anuncia retiro de verifones
El llamado del director surge luego de que Anadegas comunicara su intención de retirar los verifones de más de 700 estaciones afiliadas a partir del próximo mes, una acción que podría cambiar los métodos de pago disponibles para los usuarios en cientos de puntos de venta.
Alcántara reiteró que cualquier convenio debe garantizar que los consumidores no sufran perjuicios y que continúen disponiendo de diversas alternativas para pagar sus combustibles.
