El dirigente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) sostuvo que los lineamientos surgidos del estudio elaborado por CAPEL a petición de la Junta Central Electoral (JCE) deben transformarse en medidas concretas que impulsen la participación ciudadana en los comicios.
Vicente indicó que los índices de abstención observados en las votaciones de 2024 representan una clara señal de alarma para la democracia del país y, por ello, planteó la necesidad de diseñar una hoja de ruta nacional que guíe el proceso electoral hasta las elecciones de 2028. Subrayó que las propuestas del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), adscrito al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), deben convertirse en políticas y acciones tangibles.
«El mayor riesgo es que este valioso estudio quede archivado como un simple diagnóstico. Ahora corresponde pasar al siguiente nivel: elaborar una hoja de ruta que defina responsabilidades, prioridades y acciones específicas para atacar las causas de la abstención antes de 2028», manifestó.
En cuanto a la preocupación por la abstención, el presidente de FUJUDEL resaltó la escasa participación de los dominicanos que residen en el exterior, la cual, según los datos citados, se ubicó alrededor del 19 %, lo que implica una abstención cercana al 81 % entre esta población.
El análisis también revela que los motivos van más allá de una mera apatía electoral. Un 47 % de los encuestados considera que las opciones políticas disponibles son “más de lo mismo”, señalando una evidente desafección. Simultáneamente, el 74 % de la población sigue apoyando la democracia como forma de gobierno, lo que, a juicio de Vicente, indica que no se trata de ciudadanos que rechazan el sistema, sino de personas que exigen propuestas más creíbles, una política que responda a sus necesidades y una representación más cercana.
Vicente, especialista en derecho electoral y catedrático universitario, afirmó que la lucha contra la abstención no puede recaer exclusivamente en la JCE. Si bien reconoce que la Junta tiene competencias en accesibilidad, educación cívica y organización de los comicios, insistió en que los partidos políticos y sus candidatos también deben asumir responsabilidades, pues «no podemos pretender resolver un problema político únicamente con medidas administrativas».
El líder de la sociedad civil propuso que la construcción de la hoja de ruta hacia 2028 se realice con la participación activa de la JCE, los partidos políticos, la sociedad civil, la academia y demás actores del sistema democrático.
Entre las cinco áreas prioritarias que Vicente enumeró están: recuperar la confianza ciudadana; fortalecer la educación cívica y electoral; lograr una mayor vinculación de los partidos con las demandas sociales; revisar y eliminar barreras que dificulten el ejercicio del sufragio; y diseñar acciones específicas para facilitar la participación de los dominicanos en el exterior. Según el estudio, la abstención se concentra mayormente en zonas urbanas, y factores como la confianza en las instituciones, la percepción de la utilidad del voto y la valoración de la oferta política influyen más que la edad o el género.
El académico señaló que el país cuenta con tiempo suficiente para implementar esas medidas antes de los próximos comicios generales, pero advirtió que no deben postergarse hasta el último momento. «De cara a 2028 tenemos tiempo suficiente para actuar, pero no debemos esperar al próximo proceso electoral para comenzar», afirmó.
Finalmente, el presidente de FUJUDEL elogió la investigación de CAPEL, pero indicó que su verdadero impacto dependerá de que las instituciones y los actores políticos transformen sus recomendaciones en acciones verificables. «El desafío ahora es convertir ese conocimiento en una hoja de ruta nacional para recuperar la confianza, acercar la política a la ciudadanía y lograr que en 2028 más dominicanos entiendan que su voto puede hacer la diferencia», concluyó.
