La organización no gubernamental Women’s Link ha remitido una solicitud urgente a seis mecanismos especiales de la Organización de las Naciones Unidas, pidiendo que intervengan en el caso de dos antiguas empleadas del cantante Julio Iglesias que temen represalias. Las trabajadoras domésticas alegan haber sufrido abusos en sus viviendas situadas en Bahamas y la República Dominicana durante el año 2021.
Esta petición al organismo internacional se produce después de que, el pasado 3 de septiembre, se presentara una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de España, según informó la propia ONG, la cual asesora y representa a las denuncias en el proceso judicial.
El abogado del cantante, José Antonio Choclán, declaró a Europa Press la semana anterior que no han recibido ninguna notificación formal acerca de la presentación de la querella. Añadió que ya se había manifestado la falta de jurisdicción española y que, por tanto, no pueden ofrecer más información al respecto.
La solicitud urgente ha sido dirigida, entre otros, a la Relatora Especial sobre violencia contra mujeres y niñas, al Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas, y a la Relatora Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas.
En el escrito, la entidad expresa su «preocupación de que el Estado español no cumpla con sus obligaciones de investigar los hechos denunciados».
Por consiguiente, insta a los relatores a requerir al Gobierno español información acerca de cómo garantizará una «investigación efectiva e independiente» y a pedir que el procedimiento se analice bajo una «perspectiva de género interseccional».
Uno de los pilares de la petición consiste en la necesidad de establecer «medidas urgentes de protección» para las denunciante, que han adoptado los nombres ficticios de Rebeca y Laura, así como para sus familiares y posibles testigos, dado el «temor a represalias» que han manifestado.
Desde la defensa se argumenta que «la gravedad de los hechos denunciados, la posición de poder económico y social del querellado, así como la actual falta de protección del Estado» aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras.
Asimismo, alertan sobre una «preocupación estructural respecto al acceso a la justicia de mujeres migrantes trabajadoras del hogar», subrayando que su condición migratoria, racial o económica no debe convertirse en «obstáculo para acceder a la justicia ni para que la querella sea investigada con la debida diligencia».
La organización recuerda que «no sería la primera vez que un organismo internacional señala fallos del Estado español en su deber de diligencia debida».
En ese sentido, remite a la resolución del Comité de la CEDAW de 2014 sobre el caso ‘Ángela González Carreño’ y a la sentencia dictada en octubre de 2024 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso ‘T.V. c. España’, donde se constató la violación del artículo 4 del Convenio Europeo al no actuar con la debida diligencia en la investigación inicial.
Con anterioridad, el 5 de enero de 2026, las dos trabajadoras presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada el 23 de enero después de que el Ministerio Público determinara que España carecía de jurisdicción para investigar los hechos ocurridos en el extranjero.
