Se conoció en las últimas horas que Una sentencia de la Jurisdicción Inmobiliaria estableció que el financiamiento no fue desembolsado en su totalidad y ordenó levantar las hipotecas sobre 55 de los 73 inmuebles afectados originalmente como garantía.
En ese orden, El empresario Daniel Cordero Guerrero se dispone a llevar ante las autoridades una controversia financiera que gira alrededor de un pagaré por US$908,500, instrumentado dentro de una operación de préstamo por US$1 millón en la que, según una decisión de la Jurisdicción Inmobiliaria invocada por su representación, solo habrían podido acreditarse desembolsos por aproximadamente US$253,035. La diferencia entre ambas cantidades constituye ahora el principal cuestionamiento de Cordero y de su equipo legal, que busca determinar cuál fue el dinero realmente entregado y sobre qué fundamento financiero fue emitido el pagaré que posteriormente ha sido utilizado dentro de actuaciones relacionadas con la operación. En el centro del conflicto figura J. Armando López Holding Group, S.R.L., sociedad que intervino como financiadora, así como su gerente registrado, Rafael Antonio Martínez Mendoza. La posición de Cordero parte de una premisa: no desconoce una deuda que pueda ser legítimamente demostrada, pero exige que cualquier cantidad reclamada pueda ser respaldada con transferencias, cheques, estados bancarios y demás evidencias que permitan reconstruir la ruta del dinero. Imagen suministrada junto con la información remitida a este medio sobre la controversia relacionada con el pagaré de US$908,500. Un financiamiento por US$1 millón La operación se remonta al 21 de abril de 2023, cuando fue formalizado un contrato mediante el cual J. Armando López Holding Group, S.R.L. se comprometía a financiar con US$1 millón la continuación de un proyecto inmobiliario ubicado en la región Este del país. Para garantizar ese financiamiento fueron afectados inicialmente 73 inmuebles. El contrato establecía un plazo de doce meses y una tasa de interés de dos por ciento mensual. Sin embargo, según sostiene la representación de Cordero, el monto completo consignado en el contrato no habría sido entregado. La controversia llegó posteriormente a la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Altagracia, donde fueron examinados documentos y movimientos financieros correspondientes a la operación. Según la sentencia invocada por la representación de Cordero, los desembolsos acreditados ascendieron aproximadamente a US$253,035, una cantidad sustancialmente inferior al millón de dólares previsto originalmente.
Las fuentes consultadas reveló que ¿Qué respalda el pagaré por US$908,500? La pregunta que ahora plantea la parte denunciante es directa: si dentro del proceso judicial solo pudieron acreditarse aproximadamente US$253 mil, ¿cuál es el soporte financiero de un pagaré por US$908,500? Cordero niega haber recibido dos préstamos independientes y sostiene que nunca recibió un millón de dólares y, adicionalmente, otros US$908,500.
Al respecto, El expediente deja así tres cantidades sobre la mesa: , como monto originalmente contratado; aproximadamente US$253,035 , como desembolsos acreditados según la decisión judicial invocada por la representación de Cordero; y , como valor del pagaré notarial. La discusión que Cordero pretende llevar ahora ante las autoridades se concentra precisamente en la relación entre esas cifras. Y puede resumirse en una sola pregunta: ¿Dónde están los US$908,500 que respaldan el pagaré?
Las partes involucradas no han emitido comentarios adicionales.
