El presidente de la República, en acto fechado el 29 de septiembre de 2026, promulgó una norma que modifica el Reglamento de Licencias de Conducir, con la finalidad de garantizar la plena aplicación de la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional y evitar un vacío normativo que pudiera generar inseguridad jurídica a los ciudadanos.
Esta nueva disposición revoca el Decreto núm. 330-26 y determina que la validez de las licencias y autorizaciones para conducir será idéntica para todos los titulares, con una duración que culmina el día de su cumpleaños, tal como lo dispone el artículo 208 de la Ley núm. 63-17, que regula la Movilidad, el Transporte Terrestre, el Tránsito y la Seguridad Vial.
Con la medida, el Poder Ejecutivo cumple la orden del Tribunal Constitucional, el cual declaró inconstitucional la diferenciación basada exclusivamente en la edad para limitar o acortar la vigencia de las licencias. Además, se incorporan disposiciones que aseguran la ausencia de discriminación por edad en los procesos de renovación.
El decreto aclara de forma explícita que la edad, por sí sola, no podrá servir como único criterio para reducir, restringir o negar la vigencia de una licencia o autorización de conducir.
La comprobación de la capacidad para manejar se efectuará mediante exámenes físicos, teóricos y prácticos, aplicados sin discriminación alguna, de conformidad con las atribuciones que la Ley núm. 63-17 confiere al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
La normativa reitera que la suspensión o cancelación de una licencia solo será procedente por las causales previstas en la ley: incumplimiento de los requisitos exigidos o la constatación, mediante certificado médico, de una incapacidad permanente, ya sea física o mental, para conducir, garantizando siempre el debido proceso administrativo.
Con esta decisión, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el respeto al Estado social y democrático de derecho, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en particular de los adultos mayores, fomentando su integración activa en la comunidad sin exclusiones arbitrarias.
El Poder Ejecutivo, por tanto, reitera su disposición a cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, fortaleciendo el Estado de derecho del país y asegurando que el marco normativo sirva a la dignidad humana.
