Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha solicitado al Parlamento una modificación parcial de la «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia», promulgada en 2017 y denunciada por la principal coalición opositora como parte de un «marco legal represivo» que, según ONG, se ha usado para perseguir a periodistas y vulnerar la libertad de expresión.
Mediante una misiva difundida este martes en su canal de Telegram, aunque fechada el lunes, la mandataria explicó que la reforma propuesta busca «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» en esa norma y forma parte de las acciones gubernamentales destinadas a «transformar el sistema de justicia penal» y «favorecer el reencuentro y convivencia democrática» en el país.
En la carta dirigida a su hermano, presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, la mandataria resaltó que la iniciativa tendría un efecto positivo en la reconstrucción de la confianza institucional y en la dinamización de la vida democrática, por lo que solicitó que se estudie con carácter de urgencia.
En febrero del presente año, Jorge Rodríguez reconoció públicamente el uso indebido de la ley contra el odio y manifestó que una reforma era factible.
La normativa fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano chavista creado ese mismo año mientras coexistía con el Parlamento mayoritariamente opositor, en medio de una profunda crisis política y protestas masivas.
Su sanción respondió a una petición directa del entonces presidente Nicolás Maduro, quien buscaba frenar los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, alimentaron la oleada de protestas que sacudió al país entre abril y agosto de ese año.
El texto establece penas de hasta 20 años de prisión por los denominados «delitos de odio» y ha sido criticado por defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, como Espacio Público, que en 2023 la describió como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».
La solicitud de reforma se presenta como un paso para restablecer la credibilidad de las instituciones y reforzar la participación democrática en Venezuela.
