El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lanzó una acusación formal contra presuntas prácticas corruptas y una alarmante falta de claridad en los procesos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), cuyo presupuesto supera los RD$43,000 millones.
Los dirigentes opositores señalaron que la ausencia de transparencia compromete directamente la alimentación y el bienestar de aproximadamente 2.3 millones de estudiantes que dependen del sistema público.
En una rueda de prensa celebrada este lunes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, una comisión encabezada por el secretario general del PLD y acompañada por su vocero, junto a miembros del Comité Político y representantes de las Secretarías de Industria, Comercio y Mipyme y de Asuntos Agropecuarios, denunció una crisis permanente de claridad y de operación dentro del instituto.
El objetivo de la comparecencia fue exigir el cese inmediato de los esquemas irregulares que, según el partido, debilitan la solidez institucional del sistema educativo dominicano.
El punto central de la acusación recae en la licitación destinada a contratar el servicio de almuerzo escolar para el periodo 2026‑2028. Los funcionarios del PLD señalaron que dicho proceso se extendió por diez meses, sufrió múltiples modificaciones y se adjudicó a escasos días del inicio del año lectivo.
Se criticó con vehemencia la Enmienda No. 1 al pliego de condiciones, la cual eliminó tres mecanismos esenciales de control anticorrupción: la presentación de facturas que acreditaran la experiencia previa de los oferentes, la prueba de inversión en equipos para nuevas cocinas y el historial financiero de los últimos seis meses de las empresas participantes.
Como muestra de las consecuencias de esa enmienda, el PLD citó el caso de la provincia de San Pedro de Macorís, donde tres compañías recién constituidas, sin historial alguno, lograron contratos que superan los RD$110 millones.
El partido consideró “insuficientes” las recientes suspensiones de 42 empresas ordenadas por la autoridad del INABIE, argumentando que esas medidas no abordan las causas estructurales ni sancionan a los funcionarios responsables.
Asimismo, se hizo referencia a denuncias públicas que apuntan a supuestos cobros de comisiones ilícitas que oscilan entre RD$1.5 y RD$2 millones para asegurar la entrega de raciones, así como a la asignación de alimentos a establecimientos con matrículas menores a las pactadas.
Finalmente, el PLD exigió una investigación integral, una auditoría profunda del organismo y la imposición de sanciones estrictas, además de solicitar protección para los locales y una vigilancia permanente sobre los peritos y funcionarios involucrados en la evaluación de los procesos de licitación.
