Santo Domingo, RD – El Frente Amplio lanzó una alerta sobre los posibles efectos económicos y sociales que acarrearía la supuesta derogación del Decreto 693‑24, advirtiendo que una apertura repentina del mercado pondría en peligro la producción nacional de arroz, miles de puestos de trabajo y la seguridad alimentaria del país.
María Teresa Cabrera puntualizó que el arroz no puede considerarse una mercancía cualquiera, dado su papel esencial en la dieta de los dominicanos y su peso dentro del entramado productivo nacional. Subrayó que alrededor de la actividad arrocera se despliega una amplia cadena que abarca productores, obreros agrícolas, fábricas, transportistas, proveedores de insumos y maquinaria, instituciones financieras, instalaciones de almacenamiento y redes de comercialización.
«No se trata únicamente de un debate arancelario; estamos defendiendo una estructura productiva que genera empleos, dinamiza las economías rurales y asegura al país la capacidad de producir sus propios alimentos», declaró Cabrera.
Según los datos oficiales citados por el sector, la actividad arrocera involucra a más de 30,000 productores, crea alrededor de 80,000 empleos directos y supera los 50,000 puestos indirectos. Además, el arroz constituye entre el 13 % y el 15 % del PIB agropecuario, de modo que una merma importante en la producción nacional repercutiría más allá del propio sector agrícola.
«Sustituir la producción dominicana por importaciones no equivale solo a comprar arroz del exterior; también implica trasladar al extranjero parte del valor agregado, los ingresos y los puestos de trabajo que hoy se generan aquí», explicó la vocera.
Cabrera cuestionó la idea de que la eliminación o reducción de aranceles produciría automáticamente una disminución proporcional del precio que paga el consumidor, señalando que el costo final del arroz depende también de los precios internacionales, fletes, seguros, tipo de cambio, cargos portuarios, procesamiento, distribución y márgenes de comercialización.
Como referencia, recordó que Costa Rica redujo en 2022 los aranceles aplicados al arroz con el objetivo de contener los precios, experiencia que, a juicio del Frente Amplio, muestra la necesidad de evaluar si la rebaja arancelaria se traduce efectivamente en beneficios para el consumidor antes de debilitar la producción nacional.
La presidenta también resaltó las condiciones desiguales en que compiten los agricultores dominicanos frente a sus homólogos estadounidenses, quienes cuentan con diversos mecanismos de apoyo público, como programas de garantía de precios, créditos para comercialización y coberturas frente a riesgos agrícolas.
Para la agrupación, el eje central del debate es la seguridad y soberanía alimentaria, pues un mayor grado de dependencia de importaciones expone al país a factores externos como conflictos internacionales, fenómenos climáticos, interrupciones logísticas, restricciones a exportaciones, alzas en los fletes y fluctuaciones cambiarias.
«Una nación que posee la capacidad de producir un alimento esencial para su población no debe renunciar alegremente a esa capacidad; la seguridad alimentaria es también una cuestión de soberanía nacional», afirmó la vocera.
El Frente Amplio reiteró su oposición a la derogación del Decreto 693‑24 y subrayó que la defensa de la producción local debe ir acompañada de una política integral que eleve la productividad y competitividad del sector arrocero, impulsando la modernización, mecanización, investigación de nuevas variedades, reducción de costos, aumento de rendimientos, uso eficiente del agua, financiamiento, infraestructura, almacenamiento y fortalecimiento tecnológico de toda la cadena.
«Defender el Decreto 693‑24 no implica defender el atraso; es necesario proteger la producción nacional mientras se acelera su modernización para lograr un arroz más competitivo, con menores costos y mejores rendimientos», concluyó Cabrera.
