El elevado índice de abstención registrado en las votaciones de 2024 activó una señal de alarma sobre la participación ciudadana en la República Dominicana; según Pablo Vicente, presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), es momento de pasar del análisis al diseño de una estrategia concreta antes de los comicios de 2028.
El planteamiento de Vicente se basa en las conclusiones del estudio sobre abstención electoral elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de la Comisión de Apoyo al Proceso Electoral (CAPEL), a petición de la Junta Central Electoral (JCE). Dicho informe reveló que la abstención alcanzó el 45.6 % en 2024, mientras la participación nacional se ubicó en 58.6 %; la cifra fue aún más baja entre la diáspora, con apenas un 19 % de los electores residentes en el exterior ejerciendo su voto.
El dirigente de la sociedad civil subrayó que el principal peligro radica en que ese diagnóstico quede archivado como un mero informe sin aplicación práctica. Por ello, insistió en la necesidad de construir una hoja de ruta que defina responsabilidades, establezca prioridades y trace acciones específicas para atacar las causas de la abstención antes de las elecciones de 2028.
Según Vicente, los datos indican que el distanciamiento de las urnas no se explica únicamente por apatía. Un 47 % de los encuestados manifestó que las alternativas políticas representan “más de lo mismo”, mientras que un 74 % sigue respaldando la democracia como forma de gobierno, lo que abre una ventana para impulsar cambios que respondan a esas expectativas.
El especialista en derecho electoral y catedrático universitario considera que la carga no puede recaer solo en la JCE. Aunque reconoce su papel en la accesibilidad, la educación electoral y la organización de los comicios, también exige que los partidos y sus candidatos asuman su parte, enfocándose en recuperar la confianza ciudadana, reforzar la educación cívica, acercar las propuestas a las demandas sociales, eliminar barreras que dificultan el voto y facilitar progresivamente la participación de los dominicanos en el exterior.
Finalmente, Vicente propone que la hoja de ruta se elabore de manera conjunta entre la JCE, los partidos políticos, la sociedad civil, la academia y otros sectores relevantes, con metas claras y mecanismos de seguimiento. Advirtió que esperar hasta 2028 sería un error; el tiempo es suficiente para actuar, pero no se debe postergar la puesta en marcha de políticas que revitalicen la participación electoral.
