La sentencia detiene los comicios programados para el miércoles 9 de septiembre y dispone la revisión de los actos que impactaron a las candidaturas; impone una multa coercitiva de RD$5,000 por día de incumplimiento.
Un juzgado del Distrito Nacional dictó este martes la suspensión inmediata de las votaciones de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), previstas para el 9 de septiembre, a raíz de una acción de amparo presentada contra actuaciones de la Comisión Nacional Electoral cuestionadas por la corriente Fuerza Agropecuaria.
El fallo fue emitido por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, actuando como tribunal de amparo, y paralizó el proceso cuando quedaban apenas unas horas para la apertura de las urnas.
La medida no se limita a detener el escrutinio. El juzgador ordenó a la Comisión Nacional Electoral que emita resoluciones individualizadas, separadas y debidamente motivadas para los miembros de Fuerza Agropecuaria, concediéndoles los mismos plazos de subsanación y requisitos adicionales que se dieron a los demás aspirantes.
Asimismo, se indicó que la Comisión Electoral debe abstenerse de cerrar definitivamente la boleta, entregar las resoluciones y documentos vinculados a las demás corrientes, y volver a convocar las elecciones solo una vez que las postulaciones hayan sido resueltas de manera definitiva.
La magistrada sustentó su resolución en la defensa de derechos fundamentales como la igualdad, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a ser elegido y a elegir dentro de una organización gremial.
Para asegurar el cumplimiento, se fijó un astreinte de RD$5,000 por cada día de incumplimiento, ordenándose su ejecución sobre minuta pese a cualquier recurso que se presente.
Juan Rivera declaró: “Ninguna comisión electoral está por encima de la Constitución”.
El equipo legal que representó a la parte vencedora estuvo liderado por el abogado Juan Rivera, dirigente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo y con amplia trayectoria en derecho electoral.
Al analizar la repercusión jurídica, Rivera manifestó: “No se ha suspendido la democracia; se ha impedido que una elección avance sin que todos compitan bajo iguales reglas. La legitimidad electoral no se logra sólo con contar votos; primero hay que garantizar el derecho de todos a estar en la boleta. Esta sentencia deja clara la enseñanza de que ninguna comisión electoral supera a la Constitución ni al debido proceso”.
Rivera resaltó que el alcance de la resolución trasciende la disputa interna, pues reafirma que las organizaciones gremiales, aun siendo privadas, deben respetar los derechos fundamentales de sus afiliados.
El conflicto no surgió en los tribunales. Desde el 19 de agosto, José Vásquez, candidato presidencial de Fuerza Agropecuaria, denunció públicamente supuestas maniobras que buscaban excluir a su corriente de las votaciones del 9 de septiembre, acusando a la Comisión Nacional Electoral de imponer requisitos no previstos en los estatutos ni en el reglamento electoral.
Reelección de Tito Hernández como eje del debate.
El contexto gira en torno a la candidatura a la reelección del actual presidente de la ANPA, Víctor Hugo “Tito” Hernández, cuya gestión ha sido cuestionada por Fuerza Agropecuaria.
Hernández resultó electo en septiembre de 2024 para dirigir la ANPA en el periodo 2024‑2026, liderando una plancha unitaria respaldada por sectores gremiales vinculados al PRM y al PLD, con 2,407 votos de los 2,472 sufragios registrados.
José Vásquez sostuvo que la sentencia representa una reivindicación del derecho de los profesionales agropecuarios a competir y a escoger libremente a sus autoridades.
“El tribunal ha frenado actuaciones que denunciábamos como antidemocráticas dentro del gremio. Nadie puede pretender reelegirse eliminando previamente a quienes legítimamente aspiran a competir”, comentó.
Vásquez fue aún más tajante al rechazar cualquier proceso electoral en el que la competencia se vea reducida por decisiones administrativas.
“Pretender ganar unas elecciones suprimiendo administrativamente a los rivales no es ganar; la democracia se demuestra enfrentándose en las urnas bajo iguales condiciones para todos”, afirmó.
El dirigente aclaró que Fuerza Agropecuaria no busca impedir la celebración de la votación, sino asegurar que todos los sectores participen en igualdad de condiciones.
“La ANPA no tiene dueño. Su presidente es un servidor temporal de la membresía. Nosotros queremos derrotar a Tito Hernández en las urnas, no en un escritorio. Queremos que sean los profesionales agropecuarios quienes decidan quién debe dirigir su gremio”, subrayó.
Con la orden judicial, las elecciones previstas para este miércoles quedan suspendidas y la Comisión Nacional Electoral deberá primero revisar las postulaciones y cumplir las garantías establecidas antes de volver a convocar a las urnas.
Lo que inició como una denuncia interna se transformó en un conflicto constitucional, con una sentencia de cumplimiento inmediato que impone límites concretos al manejo del proceso electoral interno de la ANPA.
