Tras concluir sus sesiones de deliberación, el Consejo Nacional de la Magistratura, amparado por lo que dispone el artículo 179 de la Constitución de la República y atendiendo al artículo 2 del reglamento interno que fija los parámetros para valorar el desempeño de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, resolvió ratificar a cinco integrantes del máximo tribunal por un lapso de siete años.
Los jueces que fueron confirmados son Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.
Con esta determinación del CNM se suman a los magistrados ya en funciones, de modo que el total de cargos disponibles en la Suprema Corte de Justicia llega a la cifra que corresponde al número de plazas previstas, manteniéndose abierto el proceso de recepción de propuestas y de inscripción de candidaturas para ocupar las vacantes restantes.
El Consejo Nacional de la Magistratura convocó a los interesados a presentar sus propuestas de candidatura ante la Secretaría del órgano, ubicada en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, estableciendo como fecha límite el 10 de septiembre para la entrega de candidaturas y el 15 de septiembre para la inscripción de postulaciones.
Los perfiles de los magistrados que fueron reafirmados son los siguientes:
Justiniano Montero Montero, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), posee una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco y otra en Derecho Administrativo y Gestión Municipal de la Universidad de Castilla‑La Mancha. Desde abril de 2019 integra la Suprema Corte de Justicia y actualmente encabeza la Primera Sala (Civil y Comercial). Además, representa al país ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), elabora dictámenes para ese organismo, forma parte del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial y ha liderado la Comisión de Implementación de la Ley nº 339‑22, que regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial.
Fran Euclides Soto Sánchez, doctor en Derecho por la UASD, pertenece a la Segunda Sala de la Suprema Corte, especializada en materia penal, tras haber ejercido como fiscal de carrera desde 2009. Desde 2022 preside la Comisión Ejecutiva de Tecnología del Poder Judicial y actúa como juez líder del Programa de Optimización del Proceso Penal, iniciativa que busca mejorar la gestión y eficiencia de la jurisdicción penal. También ha impulsado la reforma del Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena.
Samuel Amaury Arias Arzeno, graduado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y con un máster internacional en Resolución de Conflictos por la Universitat Oberta de Catalunya, se desempeña como magistrado de la Primera Sala desde 2019. Cuenta con más de veinte años de docencia universitaria y fue director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). En el campo del acceso a la justicia y los mecanismos alternativos, propuso el Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos y la Guía para la Derivación de Casos Judiciales. A nivel institucional, presidió la Comisión Ejecutiva de Gestión Documental y la Comisión Interna del Poder Judicial para Datos Abiertos, y participó en proyectos vinculados a los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y los Tribunales de Tratamiento de Drogas (MARC‑TTD). Recientemente defendió con honores su tesis doctoral sobre el acceso a la justicia civil de personas en situación de pobreza, en el marco de un programa conjunto entre la Universidad Externado de Colombia y la PUCMM.
Anselmo Alejandro Bello Ferreras, doctor en Derecho por la UASD, tiene una carrera judicial que supera los veinte años, iniciada en julio de 2000 como juez de paz. Al ser nombrado magistrado de la Suprema Corte en abril de 2019, ocupaba el cargo de juez presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. Además de su labor judicial, es docente, autor y columnista con una amplia experiencia en la doctrina jurídica.
