La representación legal del presidente secuestrado Nicolás Maduro pidió a un juzgado de los Estados Unidos que deseche la causa penal, argumentando que, como jefe de Estado venezolano, goza de inmunidad soberana.
El abogado Barry Pollack interpuso, este miércoles, una petición ante la justicia norteamericana para que se archive el proceso penal iniciado contra el mandatario, quien ha sido retenido en una prisión de EE.UU. desde la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump a principios de enero en Venezuela. Sus defensores alegan que, al ser líder de un país soberano, cuenta con la inmunidad correspondiente.
Tal procedimiento, según el escrito de Barry Pollack, contraviene la inmunidad absoluta que, desde hace siglos, protege a los jefes de Estado y a funcionarios extranjeros cuando actúan en ejercicio de sus funciones oficiales.
El mismo abogado argumenta que el tribunal estadounidense carece de autoridad tanto por la inmunidad propia de un jefe de Estado como por la inmunidad derivada de la conducta, y por ello insiste en que la causa contra su defendido debe ser rechazada.
Pollack puntualiza que el presidente venezolano se ha declarado inocente y rechaza enérgicamente los cargos, y advierte que, de llegar a juicio, quedará patente que se trata de una acusación injusta.
Maduro y su cónyuge Cilia Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en Caracas el 3 de enero, mientras su expediente avanza en la corte de Nueva York. La fiscalía de EE.UU. tiene hasta el 2 de octubre para contestar a las mociones, presumiblemente en contra, y la audiencia para debatirlas está programada para el 17 de noviembre. De concretarse el juicio, este no se celebraría antes de junio de 2027.
El apoderado de Maduro describió el secuestro como una afrenta al derecho internacional, afirmando: “Soy un presidente secuestrado, prisionero de guerra”. Estas palabras surgieron durante su primera comparecencia en un tribunal neoyorquino, donde él y Cilia Flores se declararon inocentes frente a la acusación de narcotráfico planteada en enero de 2026.
Nicolás Maduro accedió al poder por primera vez en 2013. Tras su captura, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina. Rodríguez ha criticado abiertamente la acción militar estadounidense, aunque también ha expresado su disposición a iniciar un nuevo ciclo de diálogo y cooperación con Washington.
El proceso contra Maduro se interpreta como una prueba de lo que podría convertirse en un nuevo orden jurídico mundial, en el cual la potencia dominante utiliza sus tribunales como extensión de su autoridad, mientras la soberanía de los estados se ve erosionada por la aplicación extraterritorial de la ley del más fuerte.
Apenas siete meses después del arresto de Maduro, la administración de Donald Trump selló un convenio con la presidenta interina Delcy Rodríguez para adjudicarse el veinte por ciento de las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes a alrededor de 65.000 millones de barriles de crudo.
Trump describió el petróleo venezolano como un “regalo” en medio de la crisis de reservas.
Ese acuerdo ha generado una fuerte oleada de críticas; expertos señalan que podría contravenir la Constitución venezolana y el derecho internacional, y ponen en duda la legitimidad de un gobierno interino para comprometer los recursos del país por un periodo tan extenso.
La población venezolana ha expresado su rechazo al pacto petrolero entre Caracas y Washington.
