Las votaciones de mitad de mandato que se celebrarán este martes en Estados Unidos podrían modificar significativamente la amplitud de maniobra que el presidente Donald Trump posee en la región latinoamericana, abarcando desde la presión ejercida sobre Cuba y Venezuela hasta los roces comerciales con México y Brasil y los pactos con los gobiernos aliados de Washington.
Los antecedentes de los partidos demócratas indican una orientación más orientada a la diplomacia y la cooperación. Durante la gestión de Barack Obama (2009‑2017) se restablecieron los lazos con Cuba y se suavizaron las restricciones en comercio, viajes y remesas. Por su parte, la administración de Joe Biden (2021‑2025) centró sus esfuerzos en la colaboración con Centroamérica para atacar las causas de la migración, mantuvo las sanciones contra Venezuela y no revocó gran parte de las medidas impuestas a la isla caribeña.
«El margen de maniobra institucional para sacar adelante sus reformas va a ser mucho más reducido», advirtió a fuentes periodísticas Gabriel Clavijo, politólogo e internacionalista, ante la posibilidad de un triunfo demócrata en estos comicios.
En cuanto a Cuba y Venezuela, dos naciones que podrían sentir con mayor intensidad cualquier cambio legislativo en EE.UU., la administración Trump ha intensificado el bloqueo petrolero a la isla, provocando apagones más frecuentes y ha impuesto nuevas sanciones contra funcionarios, empresas estatales, negocios privados e inversores extranjeros, sin olvidar la orden de arresto estatal contra el expresidente Raúl Castro, emitida en Florida el 19 de octubre. Un Congreso dominado por demócratas complicaría la aprobación de nuevas leyes, condicionaría recursos y ejercería mayor control sobre la política estadounidense hacia La Habana, aunque no eliminaría de forma automática las sanciones vigentes. En Venezuela, donde Washington mantiene una relación pragmática con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, el objetivo principal de Caracas sigue siendo el levantamiento de las sanciones estadounidenses; según el internacionalista Mariano de Alba, el resultado electoral «no cambiará quién fija política sobre Venezuela en Washington, pero sí podría alterar los incentivos de todos los actores».
Los retos comerciales y la rivalidad con China también están en juego. México y Brasil, dos de las mayores economías de la región gobernadas por administraciones de izquierda, enfrentan las exigencias de Trump desde posturas diferentes, pero comparten el desafío de proteger sus intereses sin dañar la relación con EE.UU. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, adopta una estrategia de negociación cautelosa para lograr la reducción de aranceles estadounidenses sobre automóviles, acero y aluminio, mientras mantiene la cooperación bilateral en materia migratoria y de seguridad, exigiendo respeto a la soberanía y reciprocidad en la lucha contra el tráfico de armas. Al mismo tiempo, México incrementó los aranceles a productos chinos para favorecer la producción norteamericana, pero procura no romper sus lazos comerciales con Pekín. En Brasil, la relación con Trump se ha tornado más tensa: los aranceles impuestos por Washington, la designación de dos bandas brasileñas de narcotraficantes como organizaciones terroristas y las diferencias diplomáticas han erosionado el vínculo con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Tras la victoria de Lula en la segunda vuelta del 25 de octubre frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien huyó a EE.UU. dos días después y fue recibido por Trump, el mandatario estadounidense podría verse obligado a «ser más discreto» en su respaldo a la familia Bolsonaro, según el abogado Guilherme Amorim, doctor en derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.
En el otro extremo, varios gobiernos han estrechado sus lazos con Trump mediante la iniciativa ‘Escudo de las Américas’, que ha incorporado a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Clavijo describe esta herramienta como un medio para que Trump «afiance y cimenta su posición frente al control de la política latinoamericana».
Este acercamiento coincide con la tendencia hacia la derecha que se observa en gran parte de la región. Trump ha respaldado candidaturas y ha intervenido públicamente en procesos electorales. Argentina ilustra la dependencia del apoyo trumpista: en 2025 Washington asistió al gobierno de Javier Milei con un acuerdo de intercambio de divisas de hasta 20 000 millones de dólares y compras de pesos para contener la volatilidad cambiaria, aunque esa ayuda no asegura futuras intervenciones financieras. Un escenario demócrata podría dificultar la aprobación de nuevos mecanismos de asistencia, justo cuando Milei necesita divisas para cumplir con los vencimientos de deuda. Por su parte, El Salvador, bajo Nayib Bukele, se ha convertido en aliado de la política migratoria estadounidense al acoger la deportación de migrantes venezolanos a su mega‑cárcel, mientras Bolivia, presidida por Rodrigo Paz, ha reanudado la cooperación bilateral tras años de distanciamiento.
