Alex Saab, exministro venezolano, se declaró culpable ante un tribunal federal de Miami por conspirar en lavado de dinero y aceptó colaborar plenamente con la justicia de Estados Unidos, lo que podría proporcionar datos valiosos a investigaciones sobre redes corruptas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque el convenio de culpabilidad no menciona directamente a Maduro, sí alude a la participación de «altos funcionarios del Gobierno de Venezuela» en un plan de cohechos y pagos ilegales relacionado con el programa estatal de alimentos y medicinas llamado Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Saab, de 54 años y de origen colombiano, realizó su declaración el martes ante la magistrada federal Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida. En un principio había sostenido una defensa de no culpabilidad tras su reingreso a EE.UU. en mayo del presente año.
Como condición del acuerdo con el Departamento de Justicia, Saab se comprometió a ofrecer información y testimonios completos y verídicos, así como a entregar documentos, registros y demás pruebas que los fiscales pudieran solicitar en sus investigaciones o procesos judiciales.
El pacto también obliga a que revele datos sobre activos vinculados a las actividades ilícitas bajo investigación y prohíbe que proteja a terceros mediante mentiras u omisiones intencionales.
Este convenio reviste especial importancia porque Saab ha sido durante largo tiempo una pieza clave del aparato estatal venezolano y, según la fiscalía estadounidense, empleó empresas pantalla, cuentas bancarias y papeles falsos para trasladar y ocultar recursos provenientes del esquema investigado.
Uno de los ejes del acuerdo consiste en la entrega de aproximadamente 200 millones de dólares en efectivo, inmuebles y otros bienes relacionados con los delitos que Saab admitió. Reuters verificó que la colaboración con los fiscales y la incautación de esa suma forman parte del acuerdo judicial.
La acusación de EE.UU. sostiene que el plan permitió adjudicar contratos multimillonarios para la importación de alimentos y medicinas destinados al programa CLAP, mientras los implicados usarían compañías ficticias, facturas adulteradas y documentación fraudulenta para encubrir el origen real de los fondos.
El Departamento de Justicia afirma que Saab admitió haber puesto en marcha un sistema de sobornos y pagos ilícitos a funcionarios venezolanos para obtener contratos del Estado y, posteriormente, lavar los beneficios mediante estructuras financieras internacionales.
¿Qué repercusiones podría tener para Maduro? La eventual cooperación de Saab podría influir en otras pesquisas, incluida la que investiga al exmandatario Nicolás Maduro, lo que ha despertado gran interés.
El acuerdo público no señala a Maduro como destinatario concreto de la información que Saab pueda proporcionar; por lo tanto, cualquier testimonio que lo implique tendría que emerger de futuras actuaciones judiciales y de la información que los fiscales consideren pertinente.
Por el momento, la trascendencia del convenio radica en que Saab debe asistir a las indagaciones que el Gobierno de EE.UU. estime necesarias y aportar pruebas que puedan ser usadas en procesos judiciales.
Además, EE.UU. mantiene una causa penal contra Maduro por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, mientras el caso de Saab abre una nueva vía para explorar posibles lazos financieros y políticos dentro del antiguo aparato gubernamental venezolano.
La colaboración será valorada por los fiscales, quienes decidirán el alcance, la calidad y la relevancia de la información que Saab entregue, según dejó claro el Departamento de Justicia.
A cambio de su colaboración y de aceptar responsabilidad penal, la Fiscalía podrá solicitar una disminución de la condena, cuya pena máxima llega a 20 años de prisión; sin embargo, la sentencia definitiva será dictada por la jueza federal, tomando en cuenta las pautas de condena y las circunstancias del caso.
En conclusión, el acuerdo sitúa a Alex Saab en una posición delicada dentro de las investigaciones estadounidenses sobre las redes financieras del antiguo gobierno venezolano, y su testimonio y documentos podrían definir el impacto de su cooperación en otros procesos judiciales.
