El panorama de los derechos humanos en Venezuela sigue enfrentando serios retos, aun cuando se han observado ciertos avances durante el año 2026, de acuerdo con el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre el país.
El organismo señaló este miércoles que los entes estatales señalados como responsables de la represión, así como las estructuras vinculadas a graves violaciones de derechos humanos y a supuestos crímenes de lesa humanidad, continúan prácticamente sin cambios.
El documento indica que, tras el operativo militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la posterior captura del entonces presidente Nicolás Maduro, se registró una merma notable en las detenciones de larga duración y en los casos de desapariciones forzadas.
En paralelo, las autoridades venezolanas pusieron en libertad a cientos de personas arrestadas por motivos políticos y ampliaron el espacio para manifestaciones, reuniones públicas y la actuación de organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, los analistas advierten que estas variaciones no han venido acompañadas de las reformas estructurales imprescindibles para asegurar una mejora sostenida de los derechos básicos.
Persisten leyes contra la disidencia
La misión de la ONU advirtió que numerosas normativas empleadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, mientras los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad continúan operando con las mismas bases, políticas y métodos de siempre.
Asimismo, el informe subrayó que funcionarios previamente señalados en investigaciones por graves violaciones de derechos humanos siguen desempeñando cargos de relevancia dentro del aparato estatal.
Según el análisis, los avances observados desde enero podrían resultar efímeros si no se impulsan transformaciones institucionales que desmantelen las estructuras vinculadas a la represión.
Denuncian torturas y malos tratos
La misión también recopiló nuevos testimonios de tortura y tratos inhumanos contra personas privadas de libertad por razones políticas.
Los investigadores recibieron información sobre 64 casos adicionales de tortura a partir del 3 de enero, además de denuncias que describen condiciones degradantes en centros penitenciarios como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.
Aunque el número de presos políticos disminuyó tras las excarcelaciones, organizaciones no gubernamentales citadas por la misión calculan que entre 300 y 500 individuos permanecen encarcelados por motivos ideológicos.
El estudio también detectó nuevas detenciones de corta duración que, según sus conclusiones, se emplean para intimidar a activistas, opositores, periodistas y demás sectores de la sociedad civil.
Los expertos de la ONU sostienen que una mejora sostenida sólo será posible mediante reformas profundas de las instituciones de seguridad y justicia, la revisión de las normas que restringen la disidencia y una investigación eficaz de las denuncias de abusos.
El informe incorpora, además, un análisis sobre los llamados grupos civiles armados progubernamentales, a los que la misión atribuye vínculos con estructuras estatales y una participación histórica en actos de intimidación y violencia.
En conclusión, la misión afirma que la reducción de algunas de las formas más cruentas de represión representa un avance relevante, pero no equivale, por sí sola, a una transformación del sistema que permitió las violaciones denunciadas.
