El Ejecutivo boliviano dio luz verde este lunes a un decreto que deberá ser ratificado por el Parlamento, mediante el cual se prolonga el estado de excepción otros 90 días, medida que ya estaba en vigor desde el 20 de junio y que permanecerá mientras subsistan los factores de riesgo.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó la decisión del gobierno después de una reunión del gabinete junto al presidente Rodrigo Paz.
«Hemos aprobado un decreto, que va a ser publicado en las siguientes horas, para la ampliación del estado de excepción tal como se había adelantado ayer y mientras los factores de riesgo permanezcan», declaró a los medios locales.
Justiniano añadió que espera que el Poder Legislativo «apruebe el decreto» para que entre en vigor el 18 de septiembre, fecha en la que concluyen los primeros 90 días de la medida.
El senador Milton Quispe, integrante de la alianza opositora Unidad, puntualizó que el texto debe ser analizado por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo de 72 horas y aprobado por «simple mayoría», de acuerdo al reglamento vigente.
En la jornada anterior, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, anunció que el proyecto de ampliación del estado de excepción sería presentado ante el Parlamento, argumentando que existe un amplio consenso ciudadano.
De manera simultánea, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que busca extender el estado de excepción otros 90 días, en respuesta a los avisos de movilización de ciertos sectores sociales y como medida para salvaguardar la «reactivación» económica del país.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien lidera la principal fuerza de oposición parlamentaria, advirtió que una nueva extensión de 90 días retrasaría la reforma constitucional cuyo objetivo es atraer inversión extranjera.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) organizaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales, exigiendo la renuncia del presidente Paz.
El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejó al menos 16 fallecidos —13 de ellos por falta de atención médica oportuna a causa de los bloqueos— y generó pérdidas económicas superiores a 3 000 millones de dólares.
Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, el presidente Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para poner fin a los bloqueos, medida inicialmente establecida por 90 días.
