El jueves, las dos exempleadas de Julio Iglesias presentaron una nueva querella penal ante la Audiencia Nacional de España, solicitando que se reabra la investigación sobre presuntos abusos ocurridos en las residencias del cantante situadas en Bahamas y la República Dominicana.
Las denunciantes, que se hacen llamar Rebeca y Laura para preservar su identidad, afirman haber sido víctimas de agresiones sexuales, acoso y condiciones laborales abusivas mientras trabajaban y vivían en esas propiedades.
Esta acción judicial se produce meses después de que la Fiscalía española archivara la denuncia anterior, argumentando que los tribunales de España no tenían competencia para investigar hechos supuestamente cometidos en el exterior sin vínculos relevantes con el país.
Según un comunicado de Women’s Link, la organización que asesora a las mujeres, la nueva petición alega que Iglesias habría usado su posición de poder y la vulnerabilidad de las víctimas para capturarlas, trasladarlas y alojarlas en sus casas, donde supuestamente se vieron inmersas en un clima de intimidación.
La entidad sostiene que los actos denunciados podrían encuadrarse como delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, crímenes contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y violaciones de los derechos laborales.
Asimismo, las extrabajadoras solicitaron al tribunal la adopción de medidas de protección específicas durante todo el proceso judicial, con el fin de que puedan ejercer su derecho a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad, una petición que Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link, respaldó al declarar: “Se debe garantizar que puedan acceder a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad. Es fundamental”.
Julio Iglesias ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que nunca cometió acoso ni agresión sexual y difundiendo supuestos mensajes de las denunciantes con la intención de desacreditar sus señalamientos.
El caso, que la Fiscalía cerró en enero de 2026, será ahora analizado por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen abrir una nueva investigación. Iglesias también ha anunciado que interpondrá una demanda contra un medio digital que se negó a retractarse del reportaje en su contra.
