En Santo Domingo, la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (CCRyLI) señaló que la compra de bonos, acciones u otros instrumentos autorizados por los fondos de pensiones no transforma esos recursos en propiedad de las compañías emisoras; en su lugar se convierten en activos financieros que siguen integrando el patrimonio de los afiliados.
La entidad precisó que la elegibilidad de dichos instrumentos no es automática, pues primero se deben analizar la situación financiera del emisor, sus niveles de solvencia y liquidez, los estados financieros auditados, las garantías ofrecidas, las características de la emisión y su capacidad para generar los flujos requeridos.
Esta aclaración se difundió este viernes mediante un comunicado conjunto del Banco Central y de las superintendencias de Bancos, del Mercado de Valores, de Seguros y de Pensiones, organismos que integran la CCRyLI junto a un representante técnico de los afiliados.
Asimismo, se subrayó que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no son propietarias de esos recursos ni pueden disponer de ellos libremente, dado que los fondos pertenecen exclusivamente a los trabajadores afiliados al Sistema Dominicano de Pensiones.
La Comisión también explicó que la aprobación de un instrumento financiero no constituye una orden ni obliga a las AFP a invertir en una empresa, proyecto o emisión específica, y mucho menos representa una autorización automática para colocar los ahorros previsionales.
Según el comunicado, el procedimiento se divide en dos fases: primero la CCRyLI evalúa los instrumentos y determina cuáles cumplen los requisitos para ser considerados alternativas de inversión; después, cada AFP revisa ese conjunto de opciones y decide en cuáles colocar recursos, conforme a su estrategia y respetando los límites fijados por la normativa.
“Los fondos de pensiones pertenecen exclusivamente a los afiliados: las AFP no son propietarias de ellos ni pueden disponer de los mismos libremente”, enfatizó la Comisión al responder a informaciones y comentarios recientes sobre la utilización e inversión de esos recursos.
La entidad añadió que cuando un fondo adquiere bonos del Estado, bonos corporativos, acciones de oferta pública, valores de fideicomisos o cuotas de fondos de inversión, recibe a cambio un activo financiero capaz de generar intereses, dividendos, ganancias de capital u otros rendimientos.
Dicho activo permanece sujeto a requisitos de elegibilidad, evaluación del riesgo del emisor y del instrumento, límites de inversión, valoración y supervisión permanente durante toda su vigencia.
También se toma en cuenta el cumplimiento regulatorio, la disponibilidad de información suficiente y la clasificación de riesgo, la cual debe ser emitida por sociedades calificadoras debidamente autorizadas.
La Comisión advirtió que la supervisión no concluye una vez que el instrumento es aprobado; los emisores y administradores deben mantener actualizados sus estados financieros, calificaciones de riesgo y cualquier información o modificación que pueda afectar las condiciones bajo las cuales se autorizó la inversión.
Además, defendió la diversificación de los recursos como una herramienta esencial para reducir riesgos y ampliar oportunidades de rentabilidad, evitando que el patrimonio de los afiliados se concentre en un solo instrumento, emisor o sector económico.
La CCRyLI es un órgano colegiado creado por la Ley 87-01 y presidido por la Superintendencia de Pensiones; su misión es determinar qué instrumentos financieros son elegibles para recibir inversiones de los fondos previsionales y establecer los límites máximos aplicables.
