Altagracia Guzmán Marcelino, quien fuera ministra de Salud Pública, manifestó que los indicadores de mortalidad materna y neonatal están empeorando en la República Dominicana, y culpó, entre otros factores, a la deficiente atención médica, a la falta de una vigilancia epidemiológica robusta, a la escasa higiene hospitalaria y al excesivo número de cesáreas.
Miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, la exfuncionaria describió la situación como “grave” y advirtió que muchas gestantes y recién nacidos están perdiendo la vida por causas que, según ella, podrían evitarse. Lo expresó durante una entrevista en un programa de televisión.
Guzmán Marcelino puso en tela de juicio la eficacia y el rigor de los actuales sistemas de vigilancia epidemiológica, a pesar de que la normativa obliga a notificar muertes maternas e infantiles desde 1997. Señaló que entre los especialistas circula escepticismo respecto a los boletines oficiales, debido a dudas sobre la periodicidad de los datos y la transparencia en la notificación desde los centros de salud.
Uno de los puntos que resaltó fue el altísimo porcentaje de partos por cesárea en el país. Indicó que en el sector privado esas intervenciones representan cerca del 90 % de los partos, mientras que en el sector público superan el 50 %, cifras que consideró alarmantes. Explicó que este hábito puede incrementar las complicaciones respiratorias de los recién nacidos frente al parto vaginal y lo vinculó a la carencia de insumos para inducir el trabajo de parto y a la ausencia de sonógrafos fetales en muchos hospitales.
La exministra también denunció falencias en los protocolos de higiene y desinfección en áreas críticas, como la manipulación de instrumental, aspiradores y otros equipos utilizados en la atención neonatal. Según ella, estas condiciones favorecen la proliferación de bacterias como la, lo que podría desencadenar brotes infecciosos con consecuencias mortales.
En cuanto a la atención prenatal, Guzmán Marcelino señaló que el primer nivel de salud muestra debilidades importantes: el seguimiento de las embarazadas es irregular, el control de la hipertensión arterial es insuficiente y faltan acciones efectivas para prevenir partos prematuros y nacimientos de bajo peso. Todo ello, según su criterio, limita la capacidad del sistema para identificar y atender a tiempo situaciones de riesgo durante el embarazo.
Asimismo, advirtió que las mujeres extranjeras a menudo temen ser deportadas y carecen de apoyo familiar, lo que las lleva a alejarse de los hospitales y a dar a luz sin asistencia médica adecuada, aumentando así la probabilidad de resultados fatales.
Finalmente, la exministra exigió que la investigación y fiscalización de las muertes maternas y neonatales recaiga directamente en el Ministerio de Salud Pública, organismo rector del sistema sanitario, y no exclusivamente en las instituciones que operan la red pública, para evitar conflictos de interés. Recalcó la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y control con el fin de determinar las causas de los fallecimientos y corregir las deficiencias que afectan la calidad de la atención materna y neonatal en la nación.
