El comunicador Elvin Castillo admitió que la expansión de los medios digitales ha ampliado la participación ciudadana, pero también ha favorecido la desinformación y ataques a la reputación.
Señaló que existen contenidos difundidos con fines lucrativos que pueden generar perjuicios personales y de imagen, por lo que urge crear mecanismos de protección.
Aun así, cuestionó que la reacción ante esas conductas dependa casi exclusivamente de la vía penal y propuso abordarlas mediante una legislación especial.
Castillo advirtió que políticos, empresarios y otros grupos podrían usar procesos penales como herramienta de intimidación contra periodistas, sobre todo cuando las instituciones son débiles.
Insistió en que la investigación periodística profesional, sustentada en documentos, pruebas y verificación de fuentes, debe seguir su curso sin presiones indebidas.
Añadió que algunos sectores del periodismo ven las disposiciones penales como una amenaza, lo que a su entender fomenta la autocensura.
El expositor solicitó mayor claridad acerca de la responsabilidad que corresponda a las casas de comunicación por las acciones de sus empleados y de quienes alquilan espacios en sus medios.
En esa línea, planteó precisar las obligaciones de supervisión y los límites de responsabilidad según el tipo de relación contractual.
Por su parte, Jennifer Sepúlveda propuso proteger el honor sin recurrir a penas de cárcel, indicando que el debate jurídico debe centrarse en los mecanismos adecuados para salvaguardar la reputación sin menoscabar otros derechos fundamentales.
La expositora sostuvo que los delitos de difamación e injuria pueden tratarse en la esfera civil, o al menos sin contemplar privación de libertad, y señaló la necesidad de diferenciar estas conductas de otras infracciones como el chantaje y la extorsión.
«Nos bajaron las penas, o la pena, pero no nos quitaron la reja», manifestó, cuestionando la permanencia de la posibilidad de encarcelamiento por delitos ligados a la expresión.
Sepúlveda explicó que el efecto disuasorio de las normas penales se traduce en preguntas que dejan de hacerse y en investigaciones archivadas por miedo a sanciones, y subrayó el rol de los tribunales al interpretar la ley y garantizar derechos fundamentales.
«Un país donde se encarcela por hablar no es más honrado, es más callado», concluyó.
En la mesa, Kelvin Herrera llamó la atención sobre las consecuencias de someter a una persona a un proceso penal antes de que un juez determine su responsabilidad, y resaltó la necesidad de debatir las garantías aplicables al ejercicio de la libertad de expresión y al periodismo.
El moderador consideró imprescindible abrir espacios de discusión sobre el nuevo Código Penal, particularmente en lo referente a la protección del honor, la extensión de la responsabilidad penal y las garantías constitucionales.
Las intervenciones coincidieron en la urgencia de ampliar la capacitación y el análisis del Código, para que periodistas y comunicadores comprendan sus derechos y obligaciones.
El panel formó parte del I Seminario Nacional ADOCCO, donde se expusieron diversas inquietudes sobre los retos legales que enfrenta la comunicación en la República Dominicana.
La conversación dejó clara la necesidad de equilibrar la defensa de la reputación personal con la libertad de expresión, sin obstaculizar la investigación periodística ni el derecho del público a información de interés público.
