El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó este lunes que Estados Unidos está entorpeciendo el comercio exterior de la isla mediante lo que describió como “amenazas, presiones y chantajes”, lo que, según él, está generando serias consecuencias humanitarias para los cubanos.
Rodríguez indicó que alrededor de 7,000 contenedores siguen atrapados en puertos de distintas naciones, a pesar de que los productos fueron adquiridos y abonados con anterioridad bajo los parámetros del comercio internacional.
Según el funcionario cubano, la mayor parte de esos envíos contiene víveres, fármacos y equipos médicos, así como otros insumos indispensables para sectores estratégicos del país.
“El único objetivo de impedir su llegada a Cuba es arreciar el castigo colectivo que el gobierno de EE.UU. está imponiendo al pueblo cubano”, señaló Rodríguez en sus redes sociales.
Esa denuncia se suma a la hecha en julio por el viceprimer ministro y responsable del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, quien afirmó que las restricciones estadounidenses mantienen retenidos en puertos caribeños cargamentos destinados, además de la alimentación y la salud, a los sectores energético e hidráulico.
Las compañías navieras también se han visto afectadas; en mayo, la alemana Hapag‑Lloyd y la francesa CMA CGM anunciaron que suspendían la aceptación de nuevos pedidos vinculados a Cuba para cumplir con las sanciones de EE.UU.
Sin embargo, a principios de septiembre Pérez‑Oliva comunicó que CMA CGM había restablecido parcialmente sus operaciones hacia la isla, limitándose al transporte de alimentos, medicinas y material médico.
Rodríguez volvió a plantear la cuestión durante su intervención en la XVIII Cumbre de los BRICS, donde denunció el endurecimiento del bloqueo económico contra Cuba, el cerco energético y las sanciones secundarias estadounidenses, e incluso aludió a supuestas amenazas de una agresión militar contra la nación.
El canciller también agradeció a los miembros del bloque BRICS la adopción de una declaración que expresa preocupación por la situación cubana.
Según Rodríguez, dicho documento refleja la oposición de los países del grupo a medidas coercitivas unilaterales que, a su entender, contravienen el Derecho Internacional.
Washington, por su parte, ha intensificado desde principios de 2026 su política de “máxima presión” sobre La Habana, con el objetivo declarado de impulsar cambios políticos y económicos en la isla.
Entre las acciones señaladas por La Habana se encuentran un bloqueo al suministro de petróleo, vigente desde enero, y nuevas sanciones secundarias anunciadas en mayo, que, según las autoridades cubanas, complican aún más la relación de empresas extranjeras con Cuba.
La administración estadounidense presenta esas restricciones como instrumentos para presionar al gobierno cubano, mientras La Habana asegura que repercuten directamente en la población.
En resumen, la retención de miles de contenedores y el endurecimiento de sanciones continúan alimentando una crisis humanitaria que, según el gobierno cubano, es consecuencia directa de la política estadounidense.
