El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Universidad APEC (UNAPEC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) se reunieron para evaluar los avances y los puntos pendientes que permitan robustecer un sistema penal especializado, restaurativo y enfocado en la reinserción social de los menores.
El encuentro tuvo lugar dentro del panel titulado “El Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, espacio que congregó a juristas, operadores judiciales, académicos y a representantes vinculados a la atención de adolescentes en conflicto con la ley.
Durante la sesión se revisaron los lineamientos incorporados en el Libro III del anteproyecto de reforma, y se identificaron los temas que aún requieren análisis para mejorar la respuesta estatal frente a los jóvenes infractores.
El rector de UNAPEC abrió la reunión con unas palabras de bienvenida, subrayando que la comunidad universitaria debe estar presente en los debates que marcan el futuro del país.
Pérez Vega, rector, afirmó que la misión de la universidad va más allá de la formación técnica; debe también forjar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el desarrollo humano.
En especial, invitó a los estudiantes de Derecho a ver la disciplina no solo como estudio de normas, sino como una herramienta esencial para defender la dignidad humana, garantizar derechos y contribuir a una transformación social positiva.
“Confiamos en que las ideas trascenderán este escenario y contribuirán a fortalecer las instituciones de nuestro país”, manifestó al concluir su intervención.
La presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Jeannette Pérez Peña, recordó que los trabajos de reforma iniciaron hace más de un año y que cuentan con el respaldo de un Comité Consultivo de Alto Nivel.
Dicho comité está integrado por GANA, el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), CONANI, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, UNICEF y Visión Mundial.
Pérez Peña añadió que más de setenta instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil han participado en consultas y validaciones técnicas de la propuesta, subrayando que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida.
Los consultores encargados de las modificaciones al Libro III, Joan García Fabián y Yudelka Polanco, presentaron los enfoques principales, entre los que resaltan el refuerzo del carácter especializado del sistema y la incorporación de mecanismos orientados a la responsabilidad y la reinserción.
Explicaron que la respuesta a una infracción cometida por un adolescente debe diferir de la aplicada a un adulto, tomando en cuenta su etapa de desarrollo y posibles vulnerabilidades, con el objetivo de no limitarse al castigo sino también reducir la reincidencia y abrir oportunidades de reintegración.
Francisco Antonio Pérez Lora, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, valoró los avances de la propuesta y señaló que aún es necesario precisar la actuación del sistema frente a menores inimputables, definir con claridad las salas competentes y establecer mecanismos de acompañamiento para niños migrantes o sin documentación.
El director nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIACLP), Guerrero, explicó el funcionamiento de los centros destinados a esta población y destacó la importancia de crear mecanismos de seguimiento posterior a la salida, garantizando una reinserción efectiva y una segunda oportunidad.
El panel fue conducido por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, y forma parte de las acciones de socialización y validación que se están llevando a cabo dentro del proceso de reforma y actualización de la Ley 136‑03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
