El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) culminó en la noche del martes el proceso de selección de los magistrados que integrarán la Suprema Corte de Justicia.
Tras las deliberaciones pertinentes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 de la Constitución de la República y el artículo 2 del reglamento que fija los criterios de evaluación del desempeño judicial, el CNM resolvió confirmar, por el tiempo que establezca la normativa, a Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferrer‑as, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.
Con esta determinación se suman a los magistrados ya en funciones, de modo que el número de vacantes pendientes en la Corte alcanza la cifra de seis. Se hace un llamado a los interesados para que presenten sus propuestas de candidatura y formalicen sus inscripciones en la sede de la Suprema Corte, respetando los plazos que se extienden hasta el día en curso para la presentación y, igualmente, dentro del presente mes para la inscripción.
Justiniano Montero Montero es licenciado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posee dos maestrías: una en Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco y otra en Derecho Administrativo y Gestión Municipal de la Universidad de Castilla‑La Mancha. Desde abril de 2019 forma parte de la Corte, donde preside la Primera Sala (Civil y Comercial). Además, representa al país ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y forma parte del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, habiendo liderado la Comisión de Implementación de la Ley 339‑22 sobre medios digitales.
Fran Euclides Soto Sánchez, egresado de la UASD, se desempeña en la Segunda Sala, especializada en materia penal, después de una carrera como fiscal desde 2009. Desde 2022 dirige la Comisión Ejecutiva de Tecnología del Poder Judicial y encabeza el Programa de Optimización del Proceso Penal, iniciativa orientada a mejorar la gestión y la eficiencia de la jurisdicción penal. Fue también impulsor de la reforma del Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena, aprobada en 2025.
Samuel Amaury Arias Arzeno, licenciado por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y con una maestría internacional en Resolución de Conflictos de la Universidad Oberta de Catalunya, integra la Primera Sala desde 2019. Cuenta con más de veinte años de docencia universitaria y fue director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Entre sus aportes destacan la propuesta del Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos y la Guía para la Derivación de Casos Judiciales. Ha presidido la Comisión Ejecutiva de Gestión Documental y la Comisión Interna del Poder Judicial para Datos Abiertos, y recientemente defendió cum laude su tesis doctoral sobre acceso a la justicia civil para personas en situación de pobreza, en el programa conjunto de la Universidad Externado de Colombia y la PUCMM.
Anselmo Alejandro Bello Ferrer‑as, también licenciado por la UASD, inició su trayectoria judicial en julio de 2000 como juez de paz y, al ser nombrado magistrado de la Corte en abril de 2019, ocupaba la presidencia de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. Es docente, autor y especialista en materia civil e inmobiliaria, con maestrías en Relaciones Internacionales y un posgrado en Metodología de la Investigación Avanzada de la Universidad Católica Santo Domingo. En 2020 participó en la Comisión para el Censo del Poder Judicial y en el proyecto de Manejo de Redes Sociales de Jueces, y lideró la comisión que actualizó el marco normativo de la jurisdicción inmobiliaria.
Rafael Vásquez Goico, egresado de la Universidad Eugenio María de Hostos, se desempeña como docente en la UASD y es autor de diversas obras jurídicas. Actualmente forma parte de la Tercera Sala de la Suprema Corte, que abarca asuntos de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo, y tiene a su cargo la coordinación de iniciativas relacionadas con la gestión judicial y la modernización de procesos.
