SANTO DOMINGO (República Dominicana) – El Ministerio Público declaró este lunes que se encuentra listo para iniciar la exposición de la acusación y las pruebas en la audiencia preliminar del proceso contra Quilvio Rodríguez González y los demás integrantes de la red que habría distribuido sobornos por más de 108 millones de pesos para adjudicarse contratos de seguridad privada en varias instituciones públicas.
La audiencia preliminar que involucra a Rodríguez González, quien representa a la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), y a los demás implicados, se llevará a cabo en el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Rosa María Pichardo, procuradora del tribunal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), manifestó que el ministerio estaba preparado para iniciar la audiencia. «En el día de hoy el Ministerio Público está listo para conocer la presente audiencia preliminar, sin embargo, a pedimento de las defensas, por estar abierto el plazo, el juez decidió acoger los pedimentos de las defensas», señaló al responder a la prensa tras el aplazamiento de la sesión para el 5 de octubre.
Pichardo, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto al fiscal Yoneivy González, también adscrito a la Pepca, reiteró que la decisión judicial se adoptó «no obstante el Ministerio Público haber estado listo en el día hoy».
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, pospuso la audiencia al 5 de octubre a las 10:00 a.m., luego de aceptar la solicitud de defensa de uno de los acusados que presentó un certificado médico que justifica un mes de licencia postoperatoria, y considerando que otros dos imputados no comparecieron al inicio previsto.
Catorce personas físicas y jurídicas procesadas por el caso
En el mes de julio pasado, el Ministerio Público formalizó la acusación y solicitó la apertura de juicio contra las catorce personas físicas y jurídicas que conforman la red de sobornos.
Los imputados incluyen a Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
Asimismo forman parte de la causa Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi; y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
El expediente también menciona a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y a Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Como personas jurídicas acusadas aparecen Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, vinculadas a Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y de Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
La acusación indica que los pagos ilegales ascienden a la suma de ciento ocho millones ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos (RD$108,080,359.92), monto exigido y percibido por los responsables de seguridad de distintas entidades públicas y por los demás acusados.
La Pepca, con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició la investigación a partir de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la cual reveló la existencia de una organización criminal que defraudaba al Estado mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos para favorecer a proveedores de seguridad privada.
Las pesquisas determinaron que la empresa Senase, en los períodos 2012‑2020 y 2020‑2025, realizó pagos de sobornos a funcionarios de las instituciones señaladas, empleando tanto transferencias bancarias como entregas de efectivo, con el objetivo de asegurar la continuidad de los contratos adjudicados a la compañía.
