La Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT) se opuso al cobro de RD$380 mil que la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) pretendía aplicar por la entrega de información pública vinculada a trabajadores del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). La entidad advirtió que establecer tarifas para acceder a esos datos podría sentar un precedente que entorpezca la fiscalización ciudadana.
El economista y especialista en seguridad social, Juan Carlos Martínez, sostuvo que resulta inadecuado exigir pago por información que, por ley, es pública; consideró que una medida de ese tipo sería excluyente y abriría la puerta a que, en el futuro, funcionarios del SDSS impongan precios que limiten el acceso a datos de interés general.
El origen del conflicto se remonta a más de un año, cuando el Grupo Panorama interpuso una solicitud ante la SIPEN, amparándose en la Ley 200‑04 de acceso a la información pública, para obtener cifras sobre la cantidad de trabajadores con cuentas inactivas en el Sistema de Capitalización Individual (SCI). La entidad superintendente rechazó inicialmente la petición, argumentando que la información estaba amparada por la normativa de protección de datos personales.
Frente a la negativa, Panorama presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Los abogados de la SIPEN pidieron al tribunal declarar inadmisible el recurso, alegando que la difusión de los datos podría vulnerar la protección legal de los afiliados. Panorama replicó que la información requerida no incluía la identificación individual de los afiliados.
El TSA desestimó la solicitud de inadmisibilidad y calificadoró la petición como “notoriamente procedente”, al tratarse del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El tribunal ordenó a la SIPEN entregar al Grupo Panorama los datos solicitados, argumentando que su publicación permite a la opinión pública analizar la gestión de los fondos de retiro de millones de trabajadores sin transgredir derechos fundamentales de terceros.
El superintendente de Pensiones explicó que la información demandada conlleva un esfuerzo técnico considerable. Conforme a lo señalado a la FSSPT, el propio TSA reconoció en abril pasado esa limitación tecnológica y dispuso el cobro correspondiente, estableciendo un plazo para la entrega que aún no se ha precisado. Torres, vocero de la SIPEN, destacó la apertura informativa de la entidad y la modernización de sus estadísticas en tiempo real a través de su página web, así como la publicación de sus resoluciones. Asimismo, precisó que, desde la perspectiva de la SIPEN, no existen cuentas inactivas, ya que los fondos de los afiliados que no cotizan continúan invertidos y generan rentabilidad mensual. La fundación advirtió que un pago de esa magnitud, sumado a una espera prolongada, podría excluir a organizaciones populares, sindicatos y demás entidades de la sociedad civil sin recursos para absorber costos elevados, creando lo que calificó como una posible “privatización de la información pública”.
