Luego de reflexionar y tomando en cuenta que junto a nosotros hay un Consejo Consultivo integrado por personas de prestigio que decidieron colaborar con los deseos del presidente Luis Abinader en un momento crucial, en el que cualquier persona tenía excusas para no involucrarse en esos menesteres, dos obispos, dos ex contralores de la República, dos premios nacionales de literatura y reconocidos profesionales de la medicina, la sociología y la economía, dijeron que sí en ese difícil momento. Por lo tanto, me siento en él deber de exponer algunos aspectos que podrían contribuir a entender los propósitos del presidente Abinader de reactivar el Proceso de Regularización que se inició en el año 2022.
Es importante que la gente entienda, que los presidentes tienen que vivir pendientes minuto por minuto de todo lo que acontece en el país y más allá. Las prioridades determinan su tiempo a cada cosa. Igual ocurre con algunos funcionarios con suficientes temas que no les permite conocer a fondo detalles del día a día de algunas de las áreas bajo su control, por lo cual tienen que delegar en quienes no necesariamente conocen a fondo las cosas o no coinciden con los objetivos del gobierno.
Sobre el tema de juegos en el país, muchas personas, incluyendo analistas y funcionaros, hablan de la Lotería Nacional, el Ministerio de Hacienda, Casinos y DGII, pero la mayoría desconocen detalles sobre la naturaleza y las causas de lo que ha acontecido en ese sector. Por lo tanto, expondré brevemente algunos datos que podrían ayudar a entender mejor lo que ha sucedido.
Hasta el año 2006, la Lotería Nacional controlaba prácticamente todo lo relacionado a los juegos de lotería. Es decir, cobraba las obligaciones tributarias, emitía las licencias de operación a las bancas de lotería y concesionarias, inspeccionaba y fiscalizaba. Pero a partir de esa fecha, las funciones de emisión de licencias, inspección y fiscalización pasaron al Ministerio de Hacienda. La Lotería Nacional continuó cobrando las obligaciones tributarias hasta el año 2011.
La ley 139-11, transfirió a la DGII las facultades de cobrar las obligaciones tributarias que tenía la Lotería Nacional. Mientras que Hacienda continuaría emitiendo licencias, inspeccionando y fiscalizando hasta fuentes consultadas de hoy. Y mediante la misma ley 139-11, se prohibió por 10 años la creación de nuevas Bancas de Lotería en el país. O sea, desde el 2011 hasta el 2021. Pero durante ese período, específicamente entre el 2011 y el 2019, existiendo la prohibición, se otorgaron permisos o licencias a Concesionarias por miles de bancas, pero como “puntos de venta o agencias”. Lo mismo, pero con otros nombres. Por eso algunos expertos señalan que ahí se inició o profundizó el problema.
Otro aspecto importante para señalar es que, también se adoptaron medidas administrativas que en lugar de agilizar los procesos, se convirtieron en escollos. Como el de establecer que para poder enviar las bancas o puntos de venta a tributar en la DGII, tienen que estar “interconectadas”. Sin embargo, a efecto de dicha medida, ese mismo año 2011, la DGII dictó la Norma 11-11 en la que se establece que mientras se habilita la “interconexión” al no poder determinar las ventas brutas y aplicarle el 1% a dichas ventas, se les fijaría a las bancas una cuota mensual de RD$880.00 (ochocientos ochenta pesos), lo cual dejaba sin efecto o eliminaba el condicionamiento de la interconexión. Pero al parecer no se percataron de ello.
Pero, además, esas mismas bancas tienen la obligación de pagarle al Estado, vía la DGII, una suma mensual varias veces mayor por concepto de impuesto de operación; Sin embargo, para no entrar en juicios de valores, habría que suponer, que probablemente las autoridades o los asesores no entendieron o se confundieron, y como consecuencia desvirtuaron la Norma 11-11 de la DGII, en el sentido de que no cobraban los RD$880.00 pesos mensuales estimados, basándose en que no estaban interconectados, pero tampoco cobraban el i
