Bogotá, Colombia.- En una declaración que sacudió los cimientos instituciones de Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció al Registrador y al Procurador de este país como partícipes de fraude electoral en el país sudamericano.
“Aquí muestro las pruebas”, publicó Petro en sus redes sociales hace apenas una semana con un peso documental que no era una opinión, ni una especulación política, ni un ataque retórico contra sus adversarios, sino pruebas concretas del posible fraude en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
“Son pruebas documentales, evidencias concretas y verificables de lo que sería el fraude electoral más elaborado y sistemático que se estaría fraguando en Colombia de cara a las elecciones legislativas de 2026. Un fraude que involucra directamente al registrador nacional Hernán Penagos, al procurador general Gregorio Eljach Pacheco y a una empresa privada que lleva más de una década manejando en las sombras el software con el que se cuentan los votos de más de 40 millones de colombianos y que se niega rotundamente a entregar el código fuente de ese programa para que expertos independientes puedan verificar que no contiene instrucciones ocultas diseñadas para alterar los resultados electorales”, denunció el sitio Trendingnews24.com ante el silencio de los noticieros tradicionales y de los grandes medios de comunicación nacional.
Lo que el mandatario colombiano reveló es un entramado de corrupción electoral tan meticulosamente construido que resulta escalofriante pensar cuántas elecciones en la historia reciente del país han sido decididas no por la voluntad popular, sino por algoritmos manipulados en un software que nadie tiene permitido auditar.
“La primera prueba que presenta el presidente es demoledora y se refiere al desacato flagrante de una sentencia judicial que debería haber transformado para siempre el sistema electoral colombiano, pero que fue deliberadamente ignorada por quienes se benefician del fraude”, añade la publicación.
Ello se refiere a la sentencia de nulidad de las elecciones del Senado de 2014, emitida por el Consejo de Estado en Sala Plena, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, que no solo declaró probado el fraude electoral en aquellos comicios, sino que ordenó expresamente que el software utilizado para el conteo de votos debía ser desarrollado por el Estado y desde el Estado, no por una empresa privada que opera bajo cláusulas de confidencialidad que impiden cualquier tipo de verificación independiente. Esa sentencia fue emitida hace años y hasta fuentes consultadas de hoy no se ha cumplido.
“El software sigue en manos privadas. La misma empresa que estaba involucrada en el fraude demostrado judicialmente en 2014 sigue siendo la encargada de procesar los votos de los colombianos y las autoridades que deberían garantizar el cumplimiento de ese fallo judicial simplemente miran hacia otro lado como si nada hubiera pasado. Esa empresa se llama S, una filial de Thomas Gregan Sons y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora, porque estamos hablando de la msma compañía que fue contratada para manejar el preconteo electoral en 2014, el año del fraude probado por el Consejo de Estado.
La misma empresa que inexplicablemente volvió a ser contratada para las elecciones de 2022, donde también se documentaron irregularidades gravísimas y es la misma empresa que nuevamente ha sido seleccionada para manejar el software de las elecciones de 2026. Es decir, el fallo del máximo tribunal fue desacatado de manera flagrante. Se incumplió la orden de desarrollar un software estatal y en su lugar se renovaron los contratos con la misma empresa privada vinculada al fraude original, estableciendo un patrón de impunidad que permite que el mismo mecanismo tramposo se utilice una y otra vez para alterar la voluntad popular expresada en las urnas”, denuncia la publicación El Rincón Creativo.
El código fuente es el conjunto de instrucciones escritas por los programado
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Advierten sobre fraude en las próximas elecciones presidenciales de Colombia
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