Imputados por muerte de chofer en Santiago enfrentan hasta 30 años de prisión por asesinato agravado
En el marco del proceso judicial que se sigue por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, las autoridades han establecido que los siete motoristas implicados en el hecho podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, en caso de que se demuestre su culpabilidad en los tribunales, conforme a lo estipulado en el Código Penal dominicano.
El Ministerio Público ha formulado imputaciones provisionales por asesinato, alegando la existencia de premeditación y acechanza en la ejecución del crimen, elementos que agravan la calificación jurídica del hecho. De acuerdo con la acusación, los encartados habrían actuado de manera coordinada, organizándose como una asociación de malhechores con el propósito de perseguir, interceptar y finalmente provocar la muerte de la víctima.
Los imputados han sido identificados como Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, quienes permanecen bajo custodia de las autoridades mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Abreu Quezada, quien laboraba como conductor de un camión recolector de desechos sólidos, falleció mientras recibía asistencia médica en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña, luego de haber sido víctima de múltiples agresiones, entre ellas una herida punzocortante que resultó letal.
En las próximas horas, un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, consistente en la imposición de prisión preventiva contra los acusados, al considerar la gravedad del hecho y el riesgo procesal que representan.
De igual forma, los familiares de la víctima han adquirido la facultad legal de constituirse en querellantes dentro del proceso, lo que les permitirá participar activamente en la persecución penal y en la búsqueda de justicia. En ese contexto, la empresa CORLUMSA anunció la designación del abogado Melvin Velásquez Then como su representante legal, con el objetivo de dar seguimiento al caso y formalizar acciones judiciales contra todos los involucrados.
El proceso investigativo continúa avanzando bajo la coordinación del Ministerio Público, y ha sido reforzado tras las instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien instó a los fiscales a sustentar cargos de asesinato contra los responsables. En esa misma línea, la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, sostuvo que la conducta desplegada por los imputados evidencia una persecución deliberada con la intención de causar daño letal, lo que justificaría la imposición de prisión preventiva como medida cautelar.
Las autoridades han indicado que cuentan con un amplio cuerpo probatorio que incluye evidencias materiales, documentos y testimonios, con los cuales buscan demostrar que los acusados actuaron de forma conjunta como una turba para acorralar a la víctima. Entre las pruebas figura material audiovisual que capta el momento de la agresión, así como el arma blanca presuntamente utilizada en el hecho, descrita como un cuchillo de caza de color negro.
Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, el incidente se originó en la Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, cuando uno de los motoconchistas —actualmente prófugo— intentó obligar al conductor a detenerse tras un supuesto roce. Ante la actitud hostil del grupo, Abreu Quezada decidió continuar su trayecto, lo que dio lugar a una persecución que se extendió por varios kilómetros.
Durante la persecución, uno de los agresores colocó su motocicleta frente al camión con la intención de forzar la detención, siendo arrastrada por el vehículo. Finalmente, los implicados lograron interceptar a la víctima en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde este intentó resguardarse sin éxito, si
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