Santiago.— La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) advirtió que la muerte de una mujer durante una liposucción en un centro estético de Santiago no es un hecho aislado, sino reflejo de un problema recurrente en el país vinculado al intrusismo médico.
El caso ocurrió en la clínica estética Diosa, donde falleció Geraldín Hernández, de 32 años, mientras se le practicaba el procedimiento, según denunciaron sus familiares.
Denuncian prácticas fuera del marco legal
“Esto no es un caso aislado, es una tragedia anunciada”, señalaron el presidente y el secretario de la entidad, Aniceto Rodríguez y Rafael Mirabal.
Según el gremio, el procedimiento se habría realizado en un centro no habilitado para cirugías y presuntamente por un médico que no es cirujano plástico certificado.
El Ministerio de Salud Pública confirmó que el establecimiento solo tenía autorización para consultas médicas y que ya había sido clausurado anteriormente por irregularidades.
- No obstante, el centro habría continuado realizando procedimientos estéticos, lo que motivó una nueva intervención y su cierre total.
Sodocipre indicó que la combinación de personal no calificado y centros no autorizados configura un escenario de alto riesgo para los pacientes.
“El intrusismo no es un tema gremial, es un problema sanitario nacional”, advirtió la entidad.
Llamado a regulación y supervisión estricta
El gremio recordó que ha documentado casos de médicos y establecimientos que operan fuera de la ley, situación que ha sido objeto de advertencias y reuniones con las autoridades.
- Insistió en que las cirugías plásticas deben realizarse únicamente por especialistas certificados y en centros debidamente habilitados.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública informó que el caso será remitido al Ministerio Público tras concluir el informe técnico.
Además, indicó que ha intensificado la supervisión de centros estéticos y que más de un centenar han sido cerrados por incumplir normativas, al tiempo que exhortó a la población a verificar la legalidad de los establecimientos antes de someterse a procedimientos.
