Santo Domingo.— El magistrado Argenis García del Rosario advirtió que la ausencia de una legislación robusta para regular el uso de las criptomonedas en República Dominicana está generando pérdidas significativas para el Estado, tanto en materia de seguridad económica como en ingresos tributarios.
Durante su participación en el programa Legal Radio que se transmite por Rumba 98.5 FM, el jurista presentó un proyecto de ley orientado a establecer controles claros sobre los criptoactivos, destacando la urgencia de abordar este fenómeno desde un enfoque integral.
Pérdidas económicas y falta de fiscalización
El magistrado explicó que la falta de regulación no solo impacta la recaudación fiscal, sino que también debilita la capacidad del Estado para proteger a los consumidores frente a riesgos financieros.
“Lo que está perdiendo el Estado dominicano, no solo en temas de seguridad económica financiera y en temas de proteger lo que debe hacer cualquier estado a su consumidor, sino también a nivel tributario el dinero que se está perdiendo”, sostuvo.
Asimismo, citó un estudio de la CEPAL que evidencia el impacto regional de esta problemática.
“La CEPAL para América Latina hizo un estudio e incluyó a República Dominicana, Panamá, Costa Rica… y en ese año, que esto fue el año 2023, se perdieron más de 70 millones de dólares simplemente por no fiscalizar los criptoactivos”, afirmó.
Propuesta de regulación y contexto regional
García del Rosario indicó que el proyecto de ley busca cerrar vacíos legales que permiten operaciones sin supervisión, en un contexto donde el uso de criptomonedas continúa en expansión.
Subrayó que la ausencia de un marco regulatorio adecuado limita la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos asociados a estas tecnologías emergentes.
- El magistrado insistió en que la regulación no solo debe enfocarse en el control, sino también en establecer garantías que fortalezcan la confianza en el sistema financiero.
En ese sentido, reiteró que avanzar en una legislación clara es una prioridad para evitar mayores pérdidas económicas y reforzar la seguridad en las operaciones vinculadas a criptoactivos en el país.
