Mientras el debate sobre la migración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional, emerge una realidad poco discutida: la mano de obra no regular no solo subsiste en la informalidad, sino que, de manera indirecta, contribuye al funcionamiento y dinamismo de la economía formal. Esta situación genera interrogantes sobre quiénes son los principales beneficiarios de este “trabajo por la izquierda” y cómo impacta realmente en el desarrollo económico del país.
El abogado Julián Roa indicó que sectores como la construcción, la agricultura y los servicios dependen de manera significativa de trabajadores en condición irregular. Esto permite que las empresas mantengan operaciones, reduzcan costos y, en algunos casos, aumenten su competitividad. Sin embargo, Roa advirtió que esta dependencia también refleja la vulnerabilidad de los trabajadores, quienes carecen de protección legal, seguridad social y acceso a derechos básicos.
Por su parte, los economistas José Luis De Ramón y Ernesto Jiménez subrayaron que, a pesar de operar al margen del sistema, estos trabajadores aportan activamente al consumo local, pagan alquileres y estimulan el comercio, generando un efecto indirecto que beneficia a la economía formal. Este fenómeno evidencia cómo la informalidad y la economía regulada están más interconectadas de lo que suele reconocerse.
El informe Flujo de Remesas y su Impacto Económico 2025 del Banco Central de la República Dominicana destaca que Haití encabeza el mayor monto promedio por transacción de remesas hacia el país, fortaleciendo el consumo en zonas con alta concentración de migrantes. No obstante, este flujo de dinero también plantea un debate sobre la sostenibilidad de un modelo económico parcialmente dependiente de una fuerza laboral vulnerable y no regulada, que si bien aporta al desarrollo, enfrenta riesgos significativos por la falta de protección legal y social.
En definitiva, mientras la migración y la informalidad laboral siguen siendo temas de discusión política, es evidente que los trabajadores no regulados juegan un papel central en la economía nacional, un fenómeno que requiere estrategias que equilibren crecimiento económico y derechos laborales.
