Santo Domingo.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, anunció este jueves una ofensiva nacional contra el comercio ilícito, que incluirá auditorías operativas y revisión de permisos comerciales en todo el país, con el objetivo de salvaguardar la competencia leal y proteger la industria formal.
La medida se enmarca dentro de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, espacio donde convergen las capacidades de inteligencia y ejecución de los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes, Hacienda y Economía, junto a las direcciones generales de Aduanas (DGA), Impuestos Internos (DGII) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom). La iniciativa busca crear un bloque unificado de acción estatal para combatir la competencia desleal.
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Durante la sesión, Sanz Lovatón destacó que la efectividad de la mesa radica en convertir la inteligencia de mercado aportada por los gremios en política pública vinculante. El funcionario subrayó que el comercio ilícito no solo representa una fuga de ingresos, sino un ataque directo a la competitividad del país.
«Quien opere en la República Dominicana lo hará bajo el marco de la ley. Nuestra misión, de la mano con los sectores productivos, es combatir la competencia desleal, nivelar el terreno de juego y proteger la salud del consumidor», afirmó Sanz Lovatón.
La articulación de estas acciones se consolidó en la sede del MICM con la participación de líderes del gabinete gubernamental, incluidos los ministros de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de Trabajo, Eddy Olivares; y el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.
El sector empresarial también respaldó la iniciativa, con la presencia de Juan José Attías, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad. Según el ministerio, este respaldo confirma que las acciones no son unilaterales, sino el resultado de un Estado que escucha, asimila y protege a su tejido productivo.
Con esta ofensiva, el gobierno busca fortalecer la formalidad en el comercio, garantizar un terreno competitivo equitativo y proteger tanto la inversión local como la salud de los consumidores dominicanos.
