El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para asumir la posesión legal del superpetrolero Skipper y de cerca de 2 millones de barriles de crudo incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre. Esta acción se inscribe en la campaña del gobierno del presidente Donald Trump para consolidar su control sobre el sector petrolero venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro.
Es la primera vez que Estados Unidos recurre a este mecanismo legal para formalizar el control de uno de al menos diez petroleros interceptados desde finales del año pasado.
Según autoridades estadounidenses, Venezuela había utilizado una “flota fantasma” con banderas falsificadas para introducir crudo ilícito en las cadenas de suministro globales. El Departamento de Justicia denunció la existencia de un plan, vigente al menos desde 2021, para facilitar el envío y comercialización de productos petroleros en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, al que Estados Unidos considera organización terrorista extranjera.
El Skipper habría trasladado crudo desde Irán y Venezuela mediante transferencias de barco a barco, entregándolo en destinos de “regímenes parias”.
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La secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó en un comunicado: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto a regímenes que representan amenazas claras para Estados Unidos ha terminado”. El gobierno estadounidense sostuvo que desplegará toda su autoridad legal para desmantelar cualquier operación que desafíe sus leyes y alimente el caos global.
La incautación del Skipper en diciembre marcó el inicio de una serie de medidas que intensificaron la presión sobre Maduro, con el objetivo de cortar el acceso a los ingresos petroleros que históricamente han sustentado la economía venezolana. Tras el arresto de Maduro en una redada estadounidense y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, varias embarcaciones vinculadas a Venezuela escaparon de la costa pese a la cuarentena impuesta sobre los petroleros sancionados.
La denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia solicita la confiscación permanente del Skipper y su carga, lo que permitiría la eventual venta del petróleo. El Departamento de Justicia argumenta que el buque falsificó su ubicación y enarboló banderas apócrifas para ocultar sus movimientos y evadir sanciones internacionales.
El secretario de Justicia adjunto, A. Tysen Duva, declaró: “Un petrolero fantasma que durante años trasladó en secreto petróleo ilícito de Irán y Venezuela por todo el mundo ha sido retirado de los mares”. Añadió que estas acciones buscan interrumpir el flujo de millones de dólares hacia organizaciones terroristas extranjeras y aumentar la seguridad tanto de Estados Unidos como a nivel global.
