BOGOTÁ – María Claudia Tarazona, viuda del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, declaró haber recibido datos que indican que la orden para asesinar a su esposo habría sido emitida desde el Congreso de la República. La entrevista fue realizada ante fuentes periodísticas.
Según explicó la viuda, una persona que prefirió no identificar le entregó información antes del homicidio. Ella sostuvo que esos indicios deben ser analizados por la Fiscalía para determinar quiénes pudieron haber tomado parte en la planificación del crimen.
“Me ha llegado información de que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, afirmó en la entrevista, solicitando que se profundice la investigación sobre los posibles autores intelectuales del hecho.
Tarazona también señaló la presencia de exmiembros de las FARC dentro del Congreso y pidió indagar una posible vinculación de individuos vinculados al partido Comunes. Subrayó, sin embargo, que sus declaraciones no constituyen prueba directa de responsabilidad penal.
La viuda indicó que la Fiscalía ya cuenta con información relacionada con esta línea de investigación y consideró necesario averiguar si algún excongresista participó en la organización o ejecución del magnicidio.
La abogada insistió en que las autoridades deben identificar quién dio la orden del asesinato y si existieron responsables distintos a los ejecutores materiales del ataque.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay tuvo lugar el 7 de junio de 2025 en Bogotá; el senador y precandidato presidencial falleció el 11 de agosto del mismo año, tras permanecer hospitalizado por las graves lesiones sufridas.
Tras las declaraciones, el partido Comunes rechazó las acusaciones y advirtió sobre lo que considera una campaña de ataques y desinformación contra sus dirigentes y antiguos integrantes de su bancada en el Congreso.
El colectivo manifestó, además, su disposición a atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes.
Hasta el momento, los comentarios de Tarazona no demuestran por sí solos que algún integrante de Comunes haya ordenado o participado en el crimen; corresponde a la Fiscalía verificar la información, establecer su alcance y determinar si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales.
