El comunicador Elvin Castillo admitió que el crecimiento de los medios digitales ha multiplicado las formas de participación ciudadana, pero también ha facilitado la propagación de información falsa y ataques a la honra de individuos.
Indicó que circulan contenidos con motivaciones económicas que pueden causar perjuicios tanto personales como de reputación, por lo que urge crear mecanismos de defensa.
Sin embargo, cuestionó que la reacción a esas conductas se base mayormente en la vía penal y propuso que se atiendan mediante una normativa especial.
Castillo alertó que políticos, empresarios y otros grupos podrían usar procesos penales como herramienta de intimidación contra periodistas, sobre todo en contextos donde las instituciones son débiles.
Aseguró que la labor investigativa del periodismo, sustentada en documentos, pruebas y contraste de fuentes, debe seguir su curso sin presiones indebidas.
Añadió que ciertos sectores periodísticos perciben las normas penales como una amenaza, lo cual, según él, podría fomentar la autocensura.
El ponente solicitó mayor claridad sobre la responsabilidad que corresponda a los medios de comunicación por las acciones de sus empleados y de quienes alquilan espacios en sus plataformas.
En esa línea, pidió delimitar con precisión las obligaciones de supervisión y los límites de responsabilidad según cada tipo de relación contractual.
Jennifer Sepúlveda aboga por salvaguardar el honor sin recurrir a la cárcel.
Sepúlveda sostuvo que el debate jurídico debe centrarse en identificar los instrumentos idóneos para resguardar la honra y la reputación, teniendo en cuenta los demás derechos fundamentales en juego.
La ponente defendió que los actos de difamación e injuria pueden ser tratados a través de la vía civil, o al menos sin imponer sanciones privativas de libertad.
También consideró indispensable distinguir esas conductas de otras infracciones, como el chantaje y la extorsión, que poseen características distintas.
«Redujeron la sanción, pero mantuvieron la posibilidad de encarcelamiento», manifestó al cuestionar la permanencia de la reja para delitos de expresión.
Sepúlveda explicó que el efecto disuasorio de las normas penales se manifiesta de varias formas, desde preguntas que dejan de hacerse hasta investigaciones que se archivan por miedo a repercusiones legales.
Asimismo, resaltó la función de los tribunales al interpretar la legislación y garantizar los derechos fundamentales.
«Una nación que encarcela por expresarse no gana en dignidad, solo se vuelve más silenciosa», concluyó.
Kelvin Herrera sugiere discutir las garantías en contextos penales.
Durante su intervención como moderador, Herrera destacó los posibles efectos de someter a una persona a un proceso penal antes de que un juez determine la existencia de una infracción.
El moderador consideró imprescindible analizar las garantías aplicables a los casos vinculados a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo.
Las intervenciones coincidieron en la necesidad de ampliar los espacios de capacitación y estudio respecto al nuevo Código Penal, sobre todo en lo concerniente a la protección del honor, el alcance de la responsabilidad penal y las garantías constitucionales.
El panel formó parte del I Seminario Nacional organizado por ADOCCO, y sirvió para exponer distintas inquietudes sobre los retos legales que enfrenta la comunicación en la República Dominicana.
La mesa dejó patente la urgencia de equilibrar la defensa de la reputación personal con la libertad de expresión, sin obstaculizar la investigación periodística ni el derecho del público a recibir información de interés colectivo.
