El organismo estima que más de 150 kilómetros cuadrados de cubierta forestal han sido alcanzados por los incendios de esta temporada y alerta sobre un nuevo foco de fuego en la Sierra de Bahoruco, próximo al Hoyo de Pelempito.
El Observatorio de Áreas Protegidas señaló que la frecuencia, la magnitud y la reiteración de los incendios forestales constituyen una emergencia ambiental que demanda una respuesta nacional inmediata, instando a reforzar la prevención, proteger las zonas amenazadas e investigar las responsabilidades detrás de los siniestros que azotan ecosistemas entre los más vulnerables e irremplazables del país.
Esta advertencia coincide con la aparición de un incendio en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, cercano al Hoyo de Pelempito, que está consumiendo un sector de bosque denso de pino criollo dentro de la Reserva de Biosfera Jaragua‑Bahoruco‑Enriquillo, aumentando la presión sobre un territorio que ya ha sido golpeado repetidamente durante la presente temporada.
Según las cifras citadas por el Observatorio, entre el 20 de junio y los primeros días de julio, dos incendios de gran escala quemaron más de 100 kilómetros cuadrados en la Sierra de Bahoruco. En Valle Nuevo, la entidad reportó afectaciones previas superiores a en al menos tres incendios registrados en las últimas semanas. Las áreas protegidas de Jaragua y La Humeadora también aparecen entre las zonas afectadas.
La delimitación técnica de cada incendio debe precisar la superficie efectivamente quemada y distinguir los terrenos afectados en más de una ocasión, con el fin de evitar duplicidades y establecer la magnitud real del daño.
El Observatorio indicó que predominan los incendios de origen humano, ya sean intencionales o producto de negligencia, y reclamó investigar sus vínculos con actividades agrícolas, ganaderas y de caza ilegales dentro de las áreas protegidas, así como con las operaciones de redes de tráfico ilícito de personas por zonas montañosas.
“Estamos ante una temporada despiadada contra nuestros bosques. Aunque el fuego forma parte de la dinámica natural de algunos ecosistemas, su repetición e intensidad están comprometiendo los procesos de regeneración. Se destruyen hábitats, se amenazan especies endémicas y se degradan los suelos y las fuentes de agua de las que dependen comunidades enteras”.
El Observatorio reconoció la entrega de los bomberos forestales, guardaparques, brigadistas, comunitarios y organismos de apoyo, que laboran en condiciones extremadamente difíciles, pero subrayó que su sacrificio no puede seguir sustituyendo la prevención, la vigilancia efectiva y la aplicación de la ley, la cual requiere equipos adecuados, coordinación y recursos suficientes.
Ante esta situación, la institución planteó una serie de medidas: investigar los incendios y perseguir a sus responsables; determinar el origen de cada fuego y someter a la justicia, cuando existan pruebas, tanto a quienes lo ejecuten como a quienes lo ordenen o financien, reforzando la prioridad de prevenir e investigar las agresiones al patrimonio ambiental bajo el marco de la legislación vigente y el debido proceso.
Reforzar la vigilancia y la respuesta temprana mediante la integración de monitoreo satelital, patrullaje terrestre y coordinación comunitaria en las áreas de mayor recurrencia, dotando al personal de los equipos y recursos necesarios para actuar antes de que las llamas se propaguen.
Evaluar los daños y orientar científicamente la recuperación: delimitar las superficies quemadas, valorar la afectación de suelos, agua y biodiversidad, y establecer un seguimiento a largo plazo, con especial atención a los bosques que han ardido repetidamente.
Controlar el uso del fuego y las actividades ilegales, reforzando los controles sobre quemas agrícolas y ganaderas durante los períodos críticos, acompañados de educación, asistencia técnica y sanciones efectivas; dentro de las áreas protegidas, hacer cumplir las restricciones correspondientes y detener las ocupaciones y prácticas incompatibles con su conservación.
Los incendios forestales no pueden seguir considerándose sucesos aislados; su frecuencia, extensión y recurrencia exigen una política sostenida de prevención y protección, con responsabilidades institucionales claras y resultados verificables. Cada kilómetro cuadrado de bosque perdido compromete la regulación del agua, reduce la biodiversidad y debilita la capacidad del territorio para enfrentar extremos climáticos, dejando secuelas mucho después de que se apaguen las llamas.
Proteger las áreas protegidas es una obligación legal, ecológica y moral del Estado y de toda la sociedad dominicana. La respuesta debe medirse en bosques preservados, comunidades seguras y responsables llevados ante la justicia.
